Un grupo de más de 60 ahorradores ha presentado una dura demanda de responsabilidad patrimonial en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), acusándola de negligencia en la supervisión de la sociedad financiera popular Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), cuya quiebra fraudulenta ha dejado pérdidas superiores a 1,776.8 millones de pesos.
La acción colectiva, ingresada en la oficialía de partes de la Comisión, exige al Estado mexicano una indemnización por más de 160 millones de pesos que contempla tres conceptos: daño material por la pérdida de depósitos, daño moral por el impacto psicológico y patrimonial, y daños punitivos para sancionar a la autoridad supervisora y prevenir futuras omisiones.
Los demandantes sostienen que la CNBV, bajo la gestión de Jesús de la Fuente Rodríguez y actualmente encabezada por Ángel Cabrera Mendoza, incurrió en omisiones graves al no detectar con oportunidad un desfalco que habría operado al menos desde 2021. Entre los señalamientos más delicados se encuentra un conflicto de interés en la supervisión auxiliar ejercida por la Federación Atlántico Pacífico, donde su secretario del consejo también fungía como director de Administración y Finanzas de Came, situación incompatible con los principios de independencia que, aseguran los ahorradores, era conocida y tolerada por la autoridad.
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Otro de los puntos críticos señalados en la demanda es la concentración accionaria de la Sofipo. Te Creemos Holding llegó a poseer el 99.99999978% de las acciones de Came, en contravención con la normativa que prohíbe la propiedad absoluta en este tipo de entidades, precisamente para evitar esquemas de control sin contrapesos. De acuerdo con los reclamantes, la CNBV permitió esta estructura, lo que consideran un fraude a la ley que facilitó la evasión de responsabilidades por parte de los accionistas.
El escrito también acusa a la Comisión de haber reforzado durante años una “confianza legítima” entre los clientes, al difundir información oficial sobre supuestos niveles de capitalización y activos de CAME que no correspondían con la realidad financiera de la institución. Los ahorradores aseguran que esta información, respaldada por la autoridad, fue determinante para que los clientes mantuvieran depósitos y ampliaran su exposición al riesgo, confiando en la validez de los datos oficiales.
La gestión de la crisis es igualmente cuestionada. La CNBV habría permitido que CAME siguiera captando recursos del público hasta abril de 2025, aun cuando la institución ya enfrentaba un vacío patrimonial y había iniciado la liquidación de activos, incluida la venta de su sede corporativa. Para los demandantes, esta actuación resultó en extremo perjudicial para los clientes, quienes continuaron entregando ahorros a una entidad ya inviable, mientras que resultó funcional para la administración de la sofipo, que aprovechó tiempo adicional para disponer de recursos y bienes.
El caso CAME lo deja claro, la falta de instantes recurrentes hacia la supervisión del sistema de ahorro popular en México, un sector diseñado para ampliar el acceso financiero a microempresarios, trabajadores independientes y familias de bajos ingresos, pero que ha enfrentado una larga lista de episodios de quiebra y fraude. Desde FICREA en 2014 hasta la reciente crisis de CAME, los esquemas de vigilancia han sido señalados por omisiones y fallas estructurales que terminan en pérdidas significativas para los ahorradores y en un deterioro de la confianza pública.
La demanda colectiva también recuerda que desde agosto de 2022 el Senado de la República, había exhortado a la CNBV a investigar a CAME, en un punto de acuerdo reiterado en febrero de 2024. Pese a ello, la autoridad no actuó de manera inmediata, lo que los reclamantes interpretan como una muestra de falta de diligencia reiterada frente a advertencias públicas sobre posibles irregularidades.
El proceso legal se desarrolla en un momento crítico para el sistema financiero popular. La legislación civil mexicana establece que las autoridades supervisoras comparten responsabilidad bajo el principio de culpa in vigilando o in eligendo, es decir, por omisión en la vigilancia o en la selección de supervisores auxiliares. En este sentido, los reclamantes consideran que la CNBV es corresponsable de los daños sufridos por los clientes de CAME y que el Estado debe responder patrimonialmente por las pérdidas.
Lo que se resuelva en este litigio podría marcar un punto de inflexión para otros casos de opacidad de autoridades. Una decisión favorable a los ahorradores abriría la puerta a una cascada de nuevas demandas contra el Estado en casos similares, lo que pondría en jaque la forma en que se supervisa y regula a las sociedades financieras populares en México. De hecho, los representantes de los afectados ya confirmaron que en los próximos días presentarán una segunda demanda colectiva contra la CNBV, ampliando el frente jurídico en un caso que amenaza con escalar.
Más allá de las consecuencias legales y financieras inmediatas, el conflicto y con la llegada del nuevo título a esta comisión, el redefinir la arquitectura institucional de la supervisión financiera en México. La reiteración de fraudes en sofipos ha debilitado el objetivo de inclusión que dio origen a este modelo, y ha sembrado desconfianza en los usuarios que ven cómo sus ahorros se diluyen pese a la existencia de un marco regulador. El desenlace del caso CAME no solo determinará el destino de los reclamantes, sino también el nivel de credibilidad y confianza en la capacidad del Estado para proteger el ahorro popular en el futuro. Y eso sí, hay muchos casos pendientes que resolver de fraudes que están bajo la sombra de la impunidad.
Voz en off. La presencia de Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, del secretario de Salud, David Kershenobich,Zoé Robledo, titular del IMSS, de Martí Batres, titular del ISSSTE, del titular del IMSS Bienestar, Alejadro Svach, lo dejan claro. El impuesto contra las bebidas azucaradas, va porque va. Estas empresas ya mueven sus piezas con los argumentos de siempre, los cuales dejan claro que sus productos son una afectación para la salud de los mexicanos…
