EN EL CASO de lo ocurrido en Iztapalapa, las autoridades han prometido apoyo económico, jurídico y psicológico. Pero ¿cuánto? ¿dónde? y ¿hasta cuándo? La atención a personas quemadas no puede depender de la buena voluntad de fundaciones privadas o apoyos temporales
La tragedia ocurrida en Iztapalapa nos recordó cuán frágil puede ser la vida y una vez más fuimos testigos de cómo en segundos decenas de familias pasaron de la rutina al fuego que los marcó para siempre. El saldo visible son los que perdieron la vida, pero aquéllos que aún luchan por ella en una cama de hospital, sobrevivirán con cicatrices físicas y emocionales imborrables, que les acompañarán el resto de su vida.
La Jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada, reconoció que muchas víctimas son personas de escasos recursos y eso confirma un escenario aún más duro:
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Sobrevivir sin recursos a tratamientos de altísimo costo para quemaduras en más de la mitad del cuerpo.
Y es que según reportes oficiales, cerca de 30 heridos de la explosión de la pipa, tienen quemaduras entre el 50 por ciento y el 100 por ciento de su cuerpo, de primer a tercer grado.
El Tabulador de Cuotas de Recuperación 2024 del Instituto Nacional de Pediatría (para quemados de segundo y tercer grado, en más del 50 por ciento del cuerpo) muestra costos sólo para el “aseo quirúrgico”, que van desde 274 pesos por curación, hasta los 17 mil 867 pesos.
Estamos hablando de procesos que, dependiendo el caso, duran meses, años, o toda la vida...
En el tabulador del Instituto Nacional de Rehabilitación (2022), la cuota de recuperación de un injerto de piel puede ir de los 632 pesos, a los 18 mil 953 pesos.
A lo anterior hay que sumar cirugías reconstructivas, sesiones de fisioterapia, atención psicológica, medicamentos, hospitalizaciones repetidas y un largo etcétera. ¿Podrá el Estado hacerse cargo? ¿Querrá?…
En general, México cuenta con unas 160 camas para pacientes quemados, distribuidas en 21 unidades, pero existe sólo un centro especializado que es el Centro Nacional de Investigación y Atención del Quemado (Ceniaq), que forma parte del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra.
Y aunque la Ciudad de México cuenta con especialistas y hospitales con experiencia, la realidad es que caminamos sobre la fragilidad de un sistema de salud que se desangra.
La Fundación Michou y Mau, encabezada por Virginia Sendel, ha documentado durante décadas esta realidad con miles de niños quemados.
En 2020, por ejemplo, recibieron tres mil llamadas de auxilio y atendieron a más de mil cuatrocientos menores, de los cuales 921 habían sufrido quemaduras por fuego directo y 206 por electrocución.
Es bien sabido que esta fundación ha conseguido trasladar pacientes a hospitales especializados en Estados Unidos, como el Shriners de Galveston, porque México no cuenta con centros capaces de atender lesiones de alta gravedad.
En el caso de lo ocurrido en Iztapalapa, las autoridades han prometido apoyo económico, jurídico y psicológico. Pero ¿cuánto? ¿dónde? y ¿hasta cuándo?
Porque lo que sigue es la vida cotidiana, que en un paciente quemado altera toda normalidad. Los requerimientos son muchos, empezando por la necesidad de una compañía permanente.
Hay familias que han hipotecado su futuro para costear traslados y medicamentos para aminorar el dolor físico y emocional que arrecia en esas largas noches de insomnio que tantos sobrevivientes del fuego narran igual.
¿Cómo calcular la dimensión del trauma de aquéllos que despertarán cada mañana con las cicatrices del incendio? ¿Quién puede decir cuánto durará el miedo, la depresión y la ansiedad?
En México, donde apenas se destina el 1.3 por ciento del presupuesto de salud a la atención de la salud mental, las promesas de apoyo se antojan más como paliativos que como garantía de recuperación.
No es la primera vez que en México enfrentamos un drama de esta naturaleza, pero pareciera que lo abordamos como si fuera el primero.
La tragedia de San Juanico en 1984, la explosión en un hospital materno en Cuajimalpa en 2015, la del polvorín en Tultepec en 2016, Tlahuelilpan en 2019 y ahora Iztapalapa, son el escenario brutal de la emergencia y su costo económico y emocional.
Lo ocurrido debe ser un punto de inflexión, no sólo para fortalecer los protocolos de transporte de sustancias peligrosas, también para replantear de fondo las capacidades de respuesta.
La atención a personas quemadas no puede depender de la buena voluntad de fundaciones privadas o apoyos temporales.
Se requieren hospitales especializados, redes de salud mental sólidas, mecanismos de indemnización efectivos, pero sobre todo compromiso del Estado y sensibilidad sobre la dignidad de sus ciudadanos.
Desde hace días varios hospitales hacen lo que pueden con lo que tienen —que claramente no es suficiente—. Las familias rezan sentadas en una banqueta, mientras la pregunta flota en el aire: ¿Qué será de esas vidas marcadas por el fuego, cuando pasen los días y les vaya alcanzando el olvido? Que suele ser su siguiente tragedia.
Porque lo cierto es que poco demuestra que algo haya cambiado…
