Dos cantantes colombianos, Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, Regio Clown, desaparecieron en la Ciudad de México saliendo de un gimnasio. Dos días antes habían tenido una presentación en la discoteca Electro Lab, en la misma CDMX.
La Fiscalía del Estado de México ha confirmado que fueron encontrados sin vida.
Sus cuerpos estaban en Cocotitlán, Estado de México. La Fiscalía del estado abrió una carpeta de investigación por homicidio. Todavía no hay información confirmada, pero autoridades dicen que podría tratarse de un ataque del grupo criminal La Familia Michoacana, y que estos homicidios fueron un mensaje de este grupo criminal.
Otra raya de impunidad más al Cuau
En un primer momento se dijo que los cantantes habían desaparecido en Sonora, pero se confirmó que fueron secuestrados en la Ciudad de México. Se dijo que había sido en ese estado por el mensaje que envió Gustavo Petro en X, donde decía que pedía ayuda a la Presidenta para localizar a los cantantes.
Petro responsabiliza a la “guerra contra las drogas” la desaparición de estos cantantes y a la violencia.
Lo cierto es que, desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, la violencia y el tráfico de drogas se han incrementado de forma notable. Petro tiene en Colombia una política de seguridad similar a la que mantuvo López Obrador de “abrazos y no balazos”, políticas públicas que evidentemente no funcionan para contrarrestar la violencia.
La administración de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad es muy diferente a su antecesor, atrás quedaron los abrazos a delincuentes, pero la fortaleza que han tenido los grupos criminales con las políticas de López Obrador ha hecho que sea una tarea muy difícil el recuperar a México del crimen organizado. Pero la estrategia está enfocada en ese sentido.
¿Qué está pasando en Colombia con las políticas de Petro?
En 2023, su propio hijo, Nicolás, quien había sido detenido y acusado de tener relación con el narcotráfico, declaró que dinero sucio entró a la campaña presidencial de su padre y que el actual presidente colombiano lo sabía.
Su hijo dijo que sí estaba enterado, que sabía perfectamente que Euclides Torres era quien financiaba la campaña.
Según el colombiano Diario Semana, los fiscales quisieron indagar más en su respuesta y, al preguntarle por qué sabía que su padre estaba al tanto, añadió: “Porque yo se lo mencioné varias veces, cuando nos transportábamos para los eventos”. Explicó que el actual presidente nunca se interesó por saber si este dinero estaba siendo debidamente reportado, ni por los detalles de cómo se gastaba.
SIN VIDA
Gustavo Petro nunca ha atacado de forma frontal a los productores y distribuidores de cocaína, hoy hay un repunte histórico en la producción y distribución de cocaína en Colombia.
En el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) se reporta un incremento en el cultivo de hoja de coca en Colombia.
El informe indica que existe una tendencia al alza en 2022, con un incremento del 13% en la superficie total de narcocultivos, que por segundo año consecutivo alcanzó un máximo histórico. Además, la producción potencial de clorhidrato de cocaína también aumentó un 24%, hasta mil 738 toneladas.
Esto hace que Colombia regrese al primer lugar como el país con mayor producción de hoja de coca a nivel mundial, y casi todo el incremento tuvo lugar en el departamento de Putumayo, de acuerdo con el reporte de Naciones Unidas.
Cuando Petro llegó a la presidencia, dio un giro a la estrategia del combate a las drogas, con su proyecto denominado Paz Total, el cual ha recibido severas críticas porque, lejos de erradicar a los grupos criminales, parece que se fortalecen, señalaron varios políticos de oposición. Fue algo así como la estrategia que teníamos en México de “abrazos y no balazos”.
Con los acuerdos que ha hecho Petro de la Paz Total, sin duda se incrementaron los cultivos de hoja de coca y justo coincide con la época en que se busca negociar con distintos grupos armados. Y es que la guerrilla, entre ellas, las disidencias de las FARC, se financian con el tráfico de drogas, y hacen tratos desde mediados de los años 80 con cárteles colombianos y mexicanos. Durante años los cárteles mexicanos les han enviado armas de fuego a esos grupos.
Algunos de esos guerrilleros se apegaron al proceso de paz sellado a finales de 2016, hoy están sentados en el Congreso o pertenecen a alguna agrupación política, pero no todos se acogieron a este programa y quedaron muchos disidentes trabajando para la guerrilla y el narcotráfico.
Las cifras oficiales demuestran que nunca en la historia de Colombia ha habido tantos plantíos de hoja de coca. Por lo pronto, Estados Unidos hace unos días le quitó la certificación a ese país por la insuficiente colaboración para ir tras los traficantes de drogas.
Con los resultados de sus políticas públicas por ser tan laxo con los narcotraficantes en su país, ¿cómo se atreve a decir que en México desaparecieron a los cantantes por “la guerra contra las drogas”?
Por lo pronto, México intenta dejar atrás esas políticas porque la violencia ha afectado, y mucho, a los mexicanos, particularmente en estos últimos años, y ésta, además, ha tenido un impacto negativo en la economía nacional.
De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), el costo económico del delito no ha dejado de crecer, acumulando pérdidas considerables que repercuten en la estabilidad social y económica del país.
Los datos de la encuesta indican que el año pasado, en 29% de los hogares de México, 11.4 millones, un integrante padeció algún crimen, que se cometieron 33.5 millones de delitos, con un costo total estimado de 269 mil 600 millones de pesos, cifra que representa aproximadamente 1.07 % del PIB.
Esto implicó un gasto promedio de seis mil 226 pesos por cada víctima, lo que representa una disminución con respecto al año pasado, cuando fueron seis mil 853 pesos, mientras que en 2022 fueron ocho mil 192 pesos.
Esto no significa que haya disminuido el impacto general. Muchas familias siguen padeciendo pérdidas severas, sobre todo las que afrontan delitos de alto costo, como robos mayores o daños a la salud.
No se trata sólo de lo que se pierde directamente cuando sufren un delito, sino también de todo el dinero que las familias deben destinar para prevenir, protegerse o recuperarse de los efectos de la delincuencia.
Un dato que no debe ser minimizado es la percepción de inseguridad que sigue presente en miles de mexicanos, pues de acuerdo con la encuesta Envipe, la victimización delictiva durante 2024 aumentó 3.5% frente a 2023, aunque se mantiene 18.8% por debajo del máximo histórico de 2017.
Otro dato preocupante de la encuesta es la cifra negra, es decir, los delitos que se cometen y no se denuncian ante la autoridad. El año pasado fue de 93.2%, un porcentaje mayor al reportado en 2023, cuando fue 92.9%.
Falta mucho por hacer para que en nuestro país no continúe la violencia. Esperemos que se siga una estrategia frontal con estos grupos para recuperar territorios perdidos.
