Comienzo por el silogismo. Premisa mayor: robar es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Premisa menor: cobrar impuestos es obligar a alguien, bajo amenaza de castigo, a entregar algo que es suyo. Conclusión: cobrar impuestos es robar. ¿Puede justificarse?
Sí, como lo expliqué en el anterior Pesos y Contrapesos: cobrándoles el mismo impuesto a todos para darles a todos lo mismo, de tal manera que no haya redistribución del ingreso, ni por el lado del cobro de impuestos, cobrándoles más a unos que a otros, ni por el lado del gasto, dándoles más a unos que a otros, algo que en México no sucede: hay redistribución del ingreso, tanto por el cobro de impuestos (a unos se les cobra más que a otros), como por el gasto gubernamental (a unos se les da más que a otros).
Si cobrar el mismo impuesto a todos, para darle a todos lo mismo, es un tema de derechos de propiedad privada, cobrarles más a unos que a otros, para darles más a unos que a otros, lo es todavía más (suponiendo que en este asunto haya grados), aunque el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, haya afirmado que “el pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”. Por supuesto que lo es, porque involucra la violación del derecho de propiedad privada, que se justifica si se les cobra a todos el mismo impuesto, para darles a todos lo mismo: prohibición y prevención de delitos, de violación de derechos, de injusticias y, de fallar, impartición de justicia: castigar y obligar a resarcir a los injustos, a los violadores de derechos, a los delincuentes. Gobierno que no realiza, con toda honestidad y con la mayor eficacia posible, estas tareas, no tiene justificación ética para cobrar impuestos, por más que tenga la justificación legal, que en este caso resulta injusta. Y si el gobierno no tiene la justificación ética para cobrar impuestos, los ciudadanos no tienen la obligación, también ética, de pagarlos, por más que tengan la legal, lo cual los coloca frente a un dilema milenario, el mismo que enfrentó Antígona: obedecer a su conciencia o a Creonte, el rey de Tebas.
Acuerdo para levantar bloqueos
El problema en México es que el gobierno cobra muchos impuestos (17 federales y 11 estatales), para financiar tareas que no le corresponden, que nada tienen que ver con prohibir y prevenir las injusticias, con sancionar y obligar a resarcir a los injustos. Y el problema es cada vez mayor.
En 2018, antes de que empezara la 4T, del total del gasto programable del sector público federal el 9.8% se destinó a financiar las legítimas tareas del gobierno: prohibir y prevenir injusticias, sancionar y obligar a resarcir a los injustos. En 2026 se destinará el 4.6%, 53.1% menos. En 2018 el 62.6% se destinó a desarrollo social: redistribución del ingreso por medio de los programas sociales. En 2026 se destinará el 70.9%, 13.3% más. En 2018 el 27.6% se destinó a desarrollo económico: fomento a sectores productivos, impulso a la innovación y la tecnología, promoción del empleo y la competitividad, desarrollo energético, promoción turística y desarrollo regional. En 2026 se destinará el 24.4%, 11.6% menos.
En 2026 el 95.3% del gasto programable se destinará a financiar tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno, lo cual da lugar a la expoliación tributaria, tema de derechos humanos.
Continuará.
