La Casa Blanca presentó un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza. El trazo general plantea alto al fuego; liberación de rehenes en 72 horas; retiro escalonado de las FDI sujeto a desmilitarización; llegada masiva de ayuda humanitaria bajo coordinación de la ONU; y reconstrucción económica. El componente más polémico: un gobierno transitorio tecnocrático palestino, supervisado por una “Junta de Paz” internacional presidida por Donald Trump, acompañado por figuras como Tony Blair. Israel ya aceptó el acuerdo.
No hay que perder de vista que la semana pasada, varios países reconocieron al Estado palestino. Ese gesto no cambia la letra del acuerdo, pero sí el clima en que se evaluará. Cuanto más amplio sea el respaldo internacional, más difícil será sostener una administración tutelada como destino final. El plan puede ser puente hacia la autodeterminación o intento de posponerla. En esa diferencia se juega la credibilidad de la paz propuesta.
El plan recoge lecciones del alto al fuego de enero de 2025: mostró que los incentivos cruzados pueden mover a las partes, pero también que todo se descarrila si los mecanismos de verificación se perciben débiles o sesgados. Este posible acuerdo abre tres dilemas políticos inmediatos.
Góbers felices en el sorteo
1. Legitimidad y tutela. ¿Puede una “Junta de paz” encabezada por líderes extranjeros gobernar Gaza sin reproducir la imagen de ocupación? La propuesta dice “tecnocracia apolítica”; la realidad puede ser “soberanía suspendida”. Una tutela que no rinda cuentas a la población arrastra una deuda de legitimidad.
2. Justicia transicional minimalista. El canje previsto —más de mil 900 prisioneros palestinos a cambio de rehenes israelíes y una amnistía condicionada— busca maximizar vidas salvadas hoy. Pero sin procesos claros de rendición de cuentas, la paz corre el riesgo de consolidar impunidad. La justicia transicional no es venganza, pero tampoco borrón y cuenta nueva.
3. Seguridad vs. autodeterminación. La Fuerza Internacional de Estabilización pretende cerrar el ciclo de túneles y armas, pero el documento no fija calendario ni parámetros verificables para un Estado palestino viable. Sin horizonte político, la seguridad se convierte en administración del conflicto.
Finalmente, hay aspectos valiosos: la entrada de ayuda sin interferencia, la rehabilitación de agua y hospitales, y un programa de desarrollo con zona económica especial. Si se implementan con transparencia y participación local, podrían traducirse en bienestar tangible en meses, no años. Pero la reconstrucción social requiere más que dinero: necesita garantías de retorno seguro y un proceso de diálogo que no sea decorado, sino basado en la pedagogía de la convivencia.
En este equilibrio nadie gana todo ni pierde del todo. Israel obtiene seguridad y legitimidad; Estados Unidos capitaliza la diplomacia y se coloca como árbitro indispensable; Hamas pierde el poder, pero conserva una salida negociada; la población civil de Gaza recibe tregua y ayuda, al costo de una soberanía suspendida.
