El grado de violencia que se suscitó ayer durante la marcha del 2 de Octubre fue alto con relación a otras movilizaciones del pasado reciente, nos comentan quienes la cubren con regularidad. Imágenes y videos dan cuenta de encapuchados lanzando piedras y objetos a la Policía con un claro afán de provocar daño. El dato de uniformados atendidos, 94, confirma que en gran medida lo consiguieron. De ellos, tres se encuentran en un estado delicado. Igual resultaron heridos fotorreporteros que cubrían los hechos, algunos por objetos que fueron lanzados a diestra y siniestra y en otros casos por algún agente que se descontroló. La capacidad de violencia que mostraron personas embozadas y sus acciones abiertamente delictivas (saqueos y vandalismo), han llevado a que el Gobierno de la Ciudad considere que se trató de “una gran provocación”. Lo necesario ahora es que quede claro a razón de qué tuvo esa dimensión y que no quede impune. Pendientes.
Varias cejas se levantaron ayer entre quienes siguen de cerca el acontecer legislativo cuando vieron los tableros de votación ayer en la Cámara alta. Y es que resulta que varios senadores de Morena no apoyaron las reformas a la Ley de Amparo promovidas por la Presidencia cuando se votó en lo particular. Entre ellos están el tamaulipeco José Ramón Gómez, quien, se sabe, anda más que interesado en la gubernatura de su entidad natal. O Anahí González, legisladora por Quintana Roo, o el guanajuatense Ricardo Sheffield, quien parece, nos comentan, que sigue algo enojado con algunas cosas que pasan en la Cuarta Transformación. Los que detectaron la situación primero pensaron que era alguna falla electrónica, luego no faltó quien atribuyera el hecho a que en el momento menos oportuno a esos morenistas la congruencia se les esfumó o a que decidieron priorizar su agenda. Y es que en tales casos sí lo registrarían en el entorno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Uf.
Relevante, nos comentan, la información que dio a conocer ayer la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano. Y es que la dependencia a su cargo estima daños por ese ilícito por un monto que ronda los 600 mil millones de pesos. El dato no es menor, nos hacen ver, pero tampoco las acciones que ya se están emprendiendo para combatirlo, pues hay ya querellas por más de 16 mil millones de pesos. “Tenemos 102 querellas vivas hoy y que estamos tratando de recuperar estas cantidades para el fisco, no solamente es aislado en 16 mil millones, seguramente podremos recuperar cantidades extraordinarias por los diversos esquemas de defraudación fiscal ligados a personas físicas y a diversas empresas morales cuyos resultados podremos ir visibilizando con el paso del tiempo conforme podamos ir judicializando estas querellas”, refirió ante legisladores de la Comisión de Hacienda. La otra vertiente de acción en el tema de la evasión es de las factureras donde se calculan daños por 54 mil millones de pesos que derivaron en 59 denuncias. Ahí los datos.
› ONU, buscadoras y CNDH en pugna
Y nos piden no perder de vista el trabajo que realiza el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en nuestro país. Y es que resulta que se ha informado que integrantes de éste llevaron a cabo recopilación de información para determinar si el fenómeno es algo sistemático o generalizado, además de que madres buscadoras han señalado que esperan que con base en dicha información se presente un resultado contundente. Sin embargo, el caso podría sacar chispas, porque ya saltó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cargo de Rosario Piedra. “Nos llama la atención lo que parece ser un esfuerzo concertado desde algunos espacios mediáticos y de opinión para generar una visión acotada y políticamente interesada sobre las causas de las desapariciones, el actuar de las instancias del Estado mexicano y el papel que deben tener las organizaciones internacionales”, sostuvo. Y expresó preocupación de que se pretenda imponer la idea de que las respuestas a los problemas de México sea la intervención de organismos extranjeros. Pendientes de lo que venga.
Nos comentan que el caso de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, pero fue interceptada por el Ejército de Israel, ha detonado una serie de respuestas de países e instituciones vinculadas a los activistas que la conformaban, reacciones que pese a la captura de éstos, estarían dando cuenta de que uno de sus propósitos —el de que se volvieran las miradas hacia la situación en la Franja— se empieza a lograr. Ayer el Gobierno de México requirió la inmediata repatriación de los connacionales que fueron capturados. Fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien así lo expresó en la mañanera, tras dar cuenta también de las notas diplomáticas que se enviaron al gobierno de Israel para la protección de los connacionales. Luego la UNAM exigió en un comunicado la inmediata liberación de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la licenciatura de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas. “Demandamos que conforme al derecho internacional se garantice la integridad física y psicológica de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos”, señaló la institución de educación superior.
Con la novedad de que el contralmirante Fernando Farías, señalado por el caso de huachicol fiscal que salpicó a mandos de la Marina, quien había obtenido una suspensión con la que frenaba su detención, ayer volvió a quedar como prófugo de la justicia y en posibilidad de ser detenido. Esto porque una jueza penal revocó su trámite al dar cuenta que había ya un antecedente de solicitud de amparo. Según se informó, ese antecedente no era otro que el amparo que en su momento se intentó tramitar en bloque en el que se incluían los nombres de los hijos del expresidente López Obrador, pero que ellos mismos rechazaron haber promovido. Y como esa petición ya no tuvo ratificación, el contralmirante quedó desprotegido, según se informó anoche. Apenas esta misma semana se conoció que Farías, —cuyo hermano, Manuel Roberto, sí se encuentra preso— obtuvo la postergación de una audiencia en el Altiplano. Se había señalado que en esa diligencia no iba a ser detenido por tener la suspensión de amparo, la misma que ayer quedó sin efecto. Uf.