En 1990, el congreso estadounidense creó el programa de estatus de protección temporal que, ante la imposibilidad de retornar a su país de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras circunstancias extraordinarias, autoriza a ciudadanos de algunos países a permanecer en su territorio y trabajar legalmente. A fin de exentarlo de vaivenes electorales, la ley señala reglas para designar beneficiarios, extender su duración y terminarlo.
En 2021, durante la administración Biden, el secretario del Interior, Alejandro Mayorkas, incluyó a Venezuela dentro de los países cuyos ciudadanos podrían acogerse a los beneficios del programa. La designación fue ratificada en 2023 a fin de permitir la entrada de más venezolanos.
En enero de este año, Mayorkas anunció que el programa se extendería hasta octubre de 2026. La administración Trump modificó las reglas. El pasado 3 de febrero, la secretaria del Interior, Kristi Noem, revocó la designación de 2023, así como la extensión de principios de año.
Una organización civil y varios venezolanos afectados por los cambios acudieron a un juzgado de distrito en San Francisco para impugnar las acciones del nuevo Gobierno. Argumentaron que la secretaria Noem carece de atribuciones para anular la extensión del programa, pues la ley no menciona explícitamente esa facultad.
También que la terminación del programa violó los procedimientos legales establecidos, como la consulta con otras agencias gubernamentales y la revisión de las condiciones en Venezuela. Señalaron, además, la inconstitucionalidad de la medida al estar motivada, al menos parcialmente, por un sesgo racial, pues la secretaria del Interior se refirió a los beneficiarios venezolanos como “bolsas de basura”. El 31 de marzo, el titular del juzgado de distrito, Edward Chen, concedió una suspensión provisional en favor de los actores.
El Departamento de Justicia se inconformó con la resolución del juez Chen e intentó revertirla ante la corte de apelaciones del 9.o Circuito y, ante la negativa de ésta, ante la Corte Suprema. El máximo tribunal dio la razón al gobierno federal el 19 de mayo, dejando sin efectos la resolución del juez de distrito, devolviéndola a la corte de apelaciones.
Antes que esa corte resolviera el asunto, el 5 de septiembre, el juez Chen emitió su resolución definitiva, concluyendo que las acciones de la secretaria del Interior eran ilegales bajo la ley del procedimiento administrativo.
El juez señaló que la conducta de Noem carecía de precedentes y se había basado en estereotipos negativos de los venezolanos. El Departamento de Justicia impugnó la sentencia ante la corte de apelaciones que el 15 de septiembre rechazó dejarla sin efectos. Dos días después, interpuso su inconformidad ante el máximo tribunal.
El pasado viernes, la Corte Suprema volvió a apoyar la pretensión de la secretaria Noem y alrededor de 300 mil venezolanos perdieron el estatus migratorio concedido por el programa. Ante la deteriorada situación de Venezuela, no es remoto suponer que algunas de estas personas intentarán quedarse en territorio mexicano. Mantengámonos pendientes.