Con la postulación de la Presidenta y el inicio de las discusiones en el Senado de la República se abrió esta semana una nueva era para México: la era post-IFT y Cofece. Con las nominaciones enviadas por la Presidencia para integrar la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), México formaliza el tránsito hacia un nuevo esquema institucional en materia de competencia económica y telecomunicaciones, resultado de la reforma constitucional que disolvió a los organismos autónomos y concentró sus funciones bajo una lógica distinta de control político y centralización administrativa.
Las propuestas fueron turnadas a las comisiones correspondientes —Economía para la CNA y Radio, Televisión y Cinematografía para la CRT—, donde se prevén comparecencias públicas y ratificación por mayoría simple del pleno. Los nombramientos serán escalonados, de tres a siete años, para asegurar la renovación gradual de los órganos, aunque sin los contrapesos que caracterizaban al modelo previo.
En la Comisión Nacional Antimonopolio destacan perfiles con trayectoria técnica sólida: Andrea Marván Saltiel, actual presidenta de la Cofece; Ana María Reséndiz Mora, con experiencia en Cofece, IFT y Consar; Óscar Alejandro Gómez Romero, proveniente de la Comisión Reguladora de Energía; Ricardo Salgado Perrilliat, abogado especializado con paso por el Inai y el Sistema Nacional Anticorrupción; y Haydee Soledad Aragón Martínez, exsecretaria del Trabajo de la Ciudad de México. Una vez ratificados, el Ejecutivo tendrá diez días para designar a la presidencia del órgano.
Góbers felices en el sorteo
Por su parte, la CRT estaría integrada por Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez. Cuatro de ellos han trabajado en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la súper dependencia del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
La nueva era de competencia económica y del sector de telecomunicaciones es un paso más dentro de la restauración del poder del Estado, frente a los particulares y el mercado. Luego de la etapa del Estado regulador, en donde el papel que el Estado mexicano asumió era el de pintar las reglas del juego; la Cuarta Transformación considera que el Estado debe ser no sólo árbitro, sino el director de la política de competencia, telecomunicaciones, así como ya ocurre con otros sectores estratégicos.
Este rediseño institucional plantea una pregunta de fondo: ¿puede haber competencia económica y regulación eficaz sin independencia frente al poder político? La respuesta marcará el rumbo de los próximos años. Lo que hoy inicia en el Senado no es sólo un proceso de ratificación, sino la puesta a prueba de un modelo de Estado que redefine la relación entre el Gobierno y el mercado, entre la política y la técnica.
