Para el sector empresarial que necesita que sus tráileres no sean asaltados en las carreteras, un Estado fuerte no necesariamente es una amenaza, sino una promesa de seguridad. Pero cuando el SAT puede asegurar tus cuentas y el juicio de amparo ya no es efectivo para defenderte con una suspensión, la perspectiva de orden y estabilidad tiene un sabor amargo.
Obvio no sólo para los empresarios. Para los choferes de esos camiones que pueden ser ejecutados en cualquier paraje del país, y para la sociedad en general, sería un sueño que las carreteras dejaran de ser inseguras. Pero es una pesadilla que la prisión preventiva oficiosa nos pueda mantener bajo las rejas por años, siendo inocentes. Es la balanza de la justicia: si baja un plato, sube el otro. Si se minimizan los artilugios legales de los criminales para permanecer libres, se maximizan los errores judiciales que llevan a prisión a los inocentes.
México enfrenta desafíos que ningún Estado débil puede resolver: el empoderamiento de gigantescos grupos criminales (“el 70% del país es gobernado por el crimen organizado”, soltó recientemente el morenista Hugo Eric Flores) y la evasión fiscal de formidables poderes fácticos. Un Estado que no impone su autoridad en esos frentes no es democrático-liberal, es simplemente impotente. Es un Estado pelele. Mientras la oposición siga eludiendo nombrar esta ponderación obvia, sus quejas seguirán sonando a la mayoría de la sociedad como gesticulaciones hipócritas o histéricos gritos, ambos bastante ridículos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum elabora un cóctel que no coincide con el Estado constitucional liberal, ni con las dictaduras socialistas de América Latina (tan ajenas a acuerdos comerciales con Trump). Pero incluso aliados del oficialismo se asustan del posible resultado. Una voz que ha sido compañera de viaje de la 4T, el economista Gerardo Esquivel, atribuye en su última columna parte de la desaceleración económica a las reformas institucionales emprendidas por el Gobierno: la del Poder Judicial, la eliminación de organismos autónomos y las modificaciones a la ley de amparo. Según él, estas medidas incrementan la incertidumbre y están espantando la inversión.
Tiene razón en el corto plazo, en el largo está por verse. La desconfianza no surge de la nada; todo cambio institucional genera miedo, más aún, uno que dice preservar la democracia, pero con sobrerrepresentación y prácticamente sin división de poderes. Pero el dilema de fondo sigue abierto: ¿podría un Estado débil garantizar la estabilidad, la seguridad y hasta la libertad, o se requiere uno fuerte que las imponga? La línea que separa la autoridad legítima del autoritarismo es más fina de lo que parece, y México camina hoy sobre ella.
Made in Mexico, el lema de quienes apuestan por la reindustrialización y el nearshoring, significa algo más que una etiqueta de origen para las mercancías que llenan los estantes de las tiendas. Es la marca de un país que intenta fabricar su propio modelo de Estado, entre la fuerza y el derecho. ¿Lo hecho en México (a las instituciones) está bien hecho, a pesar de la vuelta al sistema de partido hegemónico?