A un año de haber asumido la presidencia de México, los resultados económicos no lucen del todo favorables. Si bien parte del deterioro puede atribuirse a factores externos, también ha influido la falta de una respuesta oportuna y adecuada para preservar la sostenibilidad del crecimiento. Hoy por hoy, tanto las previsiones oficiales como las de analistas reflejan un pesimismo preocupante.
Abusando un poco de la paciencia del lector, vale la pena revisar algunas cifras que ilustran la situación. De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), durante los primeros diez meses de la actual administración la economía apenas creció 0.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta virtual parálisis se explica por la caída del sector industrial, especialmente la construcción, mientras que solo los servicios aportaron algo de dinamismo a la producción nacional.
Si se observa por el lado de la demanda agregada, el estancamiento obedece principalmente a la debilidad del componente interno. Entre octubre de 2024 y julio de 2025, el consumo se redujo ligeramente (-0.1%) respecto al mismo periodo de un año antes, pero fue la inversión productiva la que marcó el verdadero freno: cayó 5.5% anual en el mismo lapso.
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Esta falta de crecimiento tuvo consecuencias en el empleo. Al cierre de la administración anterior, en septiembre de 2024, el trabajo formal crecía 2.7% anual con la creación de 351 mil nuevos puestos. Sin embargo, para septiembre pasado, el empleo disminuyó 0.2% anual, con una pérdida de 56 mil plazas respecto al año previo.
No todo ha sido negativo. El salario real mantuvo su crecimiento, el tipo de cambio se apreció, la recaudación tributaria fue sólida pese al bajo crecimiento, la inflación y las tasas de interés descendieron, y el crédito al sector privado siguió avanzando. Sin embargo, el balance general sigue siendo desfavorable: la falta de crecimiento prolongado y la fuerte contracción de la inversión están erosionando la capacidad productiva y las perspectivas de una expansión sostenida y más acelerada.
Se trata, sin duda, de uno de los arranques más complicados de gobierno en las últimas cinco décadas. En el frente externo, la amenaza arancelaria de Estados Unidos, su desaceleración económica y una política migratoria más hostil han reducido las remesas y frenado la inversión y el consumo.
En el ámbito interno, persisten problemas estructurales como la baja productividad, la fragilidad financiera y operativa de Pemex, la necesidad de un ajuste fiscal importante y las altas tasas de interés requeridas para controlar la inflación.
A ello se suma la incertidumbre que ha provocado la reforma judicial, factores que en conjunto han inhibido el crecimiento y la inversión.
Pese a los esfuerzos por preservar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la inversión pública mediante el llamado Plan México, los resultados aún no se reflejan. Será necesario fortalecer la confianza de los inversionistas y orientar el gasto público hacia proyectos que detonen con mayor rapidez la inversión privada. De lo contrario, los avances sociales alcanzados hasta ahora podrían verse seriamente comprometidos.
