El Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), recibió el 20 de octubre de 2025 un anteproyecto remitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum que plantea la expropiación de 24,384.16 metros cuadrados de terreno en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, con el objetivo de destinarlos a la construcción del puente superior vehicular “Nextlalpan”.
Esta obra se considera parte de la infraestructura complementaria del proyecto de ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano, que conectará la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y que forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la movilidad metropolitana en el norte del Valle de México.
De acuerdo con el documento enviado a la Conamer, la superficie será adquirida por causa de utilidad pública, al considerarse indispensable para la ejecución del proyecto. La obra busca resolver uno de los principales puntos de cruce en el trazado del Tren Suburbano, permitiendo la construcción de un paso a desnivel vehicular y peatonal que optimice la conectividad y reduzca los tiempos de traslado entre las localidades aledañas al AIFA. El decreto señala que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) será la dependencia responsable de cubrir las indemnizaciones correspondientes, conforme a los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), utilizando recursos de su presupuesto autorizado.
La construcción del puente superior “Nextlalpan” se suma a un conjunto de obras complementarias que buscan consolidar el sistema ferroviario del norte del Valle de México y facilitar la operación del Tren Suburbano hacia el nuevo aeropuerto. Además de su función estructural, el puente pretende mejorar la movilidad vehicular y peatonal, garantizar la seguridad en los cruces ferroviarios y fortalecer la accesibilidad a las zonas habitacionales, industriales y comerciales que rodean el AIFA. Su construcción también representa una medida de planeación urbana, ya que busca ordenar el tránsito local y facilitar la conexión con los ejes carreteros que enlazan con Zumpango, Tultepec, Tonanitla y otras localidades del Estado de México.
La ampliación del Tren Suburbano Lechería–AIFA, considerada una de las obras ferroviarias más importantes de la administración federal, comenzó en 2021 y alcanzó un avance global de 87% al cierre del segundo trimestre de 2025. Este proyecto contempla la modernización de 23 kilómetros de vía doble electrificada, la construcción de seis nuevas estaciones, obras hidráulicas y pasos superiores, además de la integración de sistemas eléctricos y de señalización de última generación. Una vez concluida, permitirá conectar el centro de la Ciudad de México con el aeropuerto en aproximadamente 39 minutos, ofreciendo una alternativa de transporte rápido, sustentable y con menores emisiones de carbono, al tiempo que contribuirá a reducir la congestión vial en los accesos carreteros al AIFA.
El decreto de expropiación aún se encuentra en etapa de análisis normativo dentro de la Conamer, órgano encargado de revisar la legalidad y el impacto regulatorio de las propuestas de la administración pública antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez completado este proceso, el documento entrará en vigor y permitirá iniciar las gestiones formales para la toma de posesión del terreno y el inicio de la obra civil. La medida se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno federal por acelerar la conclusión de los proyectos de infraestructura ferroviaria que buscan reconfigurar la movilidad del Valle de México, impulsando la interconexión entre sistemas de transporte y fomentando un modelo urbano más integrado.
El desarrollo del Tren Suburbano hacia el AIFA es considerado estratégico no sólo para fortalecer la operación del aeropuerto, sino también para revitalizar la actividad económica de la región norte del Estado de México, donde se prevé un crecimiento industrial y logístico derivado de la conectividad ferroviaria. La obra permitirá la integración de corredores de transporte que conecten con parques industriales, zonas habitacionales y áreas de expansión urbana, generando beneficios a largo plazo para la movilidad de trabajadores y usuarios del sistema aeroportuario.
Sin embargo, el proceso de expropiación también refleja los desafíos que enfrenta el Gobierno federal en materia de coordinación interinstitucional, presupuesto y tiempos de ejecución. El aumento en los costos de materiales de construcción y las presiones sobre el gasto público han obligado a priorizar las obras consideradas de “utilidad pública estratégica”, como es el caso del Tren Suburbano. La SICT deberá asegurar que los recursos presupuestales destinados a la indemnización y ejecución del proyecto no afecten otros programas de infraestructura en curso.
Este nuevo paso regulatorio ocurre en un contexto de reconfiguración fiscal y económica más amplio. La Ley de Ingresos 2026 contempla una serie de ajustes en impuestos y derechos que incrementarán la carga tributaria sobre sectores clave de la economía, entre ellos los energéticos, de telecomunicaciones y de transporte. En ese sentido, la “cuesta de enero” del próximo año se perfila como una de las más difíciles de los últimos años, debido a la combinación de mayores impuestos, aumentos de precios y ajustes inflacionarios que impactarán directamente en el poder adquisitivo de los hogares.
Mientras el Gobierno federal busca sostener el ritmo de inversión pública y mantener la construcción de infraestructura estratégica como el Tren Suburbano, el entorno económico de 2026 estará marcado por un estrechamiento del espacio fiscal y una mayor presión sobre el gasto corriente. En consecuencia, aunque la expropiación de terrenos en Nextlalpan representa un paso decisivo hacia la finalización del proyecto ferroviario, también ilustra el desafío de equilibrar el impulso a la obra pública con la necesidad de proteger la estabilidad financiera y atender las crecientes demandas sociales en un contexto de menor margen presupuestal.
Voz en off. Cuesta creer lo que está pasando en Casanova Rent, porque a pesar de los escándalos, los Echenique Casanova siguen haciéndose de contratos como si nada. En la FGR ya se investiga a dos de sus exfuncionarios involucrados en un soborno de 6 millones con un representante de Casanova Rent Volks, pero eso no los frena. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto este grupo acumuló más de 8 mil millones de pesos en contratos con dependencias y gobiernos estatales y a la fecha, esta cifra aumentó aún más. Aunque la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó en 2022 y 2023 por sobrecostos y anomalías, un amparo lo devolvió al padrón federal un año después. Hoy, pese a las denuncias por simulación en varios gobiernos, Casanova sigue al volante del gasto público. ¿Por qué insiste en alquilar impunidad con factura incluida?…