La propuesta de Morena para adelantar la revocación de mandato y hacerla coincidir con las elecciones intermedias de 2027 ha abierto un debate que no es menor. Para algunos, se trata de un movimiento estratégico que podría modificar la igualdad de la contienda electoral del próximo ciclo. Para otros, es una medida razonable que busca reducir costos, evitar duplicidades y aprovechar la infraestructura que ya se despliega durante una elección federal.
La primera lectura —la estratégica— parte de la magnitud de lo que se elegirá en 2027: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, miles de ayuntamientos y más de 840 cargos judiciales federales y locales. Incluir en esa misma jornada una revocación de mandato implicaría colocar a la Presidenta en el centro de la conversación pública, pues el INE tendría la obligación legal de promover el ejercicio de participación. Para quienes se inclinan por esta interpretación, la coincidencia generaría un efecto de arrastre a favor del partido en el poder, que podría aprovechar la visibilidad presidencial en un año electoral particularmente sensible.
Ese argumento no es nuevo. Se alimenta del antecedente de 2022, cuando la primera revocación de mandato se convirtió, como han documentado analistas y exconsejeros, en un ejercicio marcado por irregularidades: recolección de firmas con inconsistencias masivas, publicidad opaca, intervención de servidores públicos y una participación de 17.7% luego de que la Cámara de Diputados recortó el presupuesto del INE. Desde esta óptica, adelantar la revocación no fortalece el mecanismo, sino que reproduce el riesgo de que vuelva a utilizarse como una herramienta de movilización política más que como un verdadero instrumento de rendición de cuentas.
Reconocimiento al Ejército
Quienes apoyan la reforma ven una lógica distinta. Argumentan que, si el país ya organiza una elección federal gigantesca, no tiene sentido montar dos operaciones separadas. La idea de “un solo día, un solo esfuerzo” no sólo apela al ahorro, sino a la practicidad: evitar duplicar casillas, capacitar dos veces a los funcionarios, imprimir nuevos materiales y movilizar dos veces a los mismos votantes. Además, sostienen que juntar ambos ejercicios puede elevar la participación, dando legitimidad a un mecanismo que, en su primera experiencia, tuvo resultados limitados.
Sin embargo, incluso concediendo los argumentos administrativos, los datos no acompañan del todo. El Laboratorio Electoral analizó la propuesta y concluyó que los supuestos ahorros son, en el mejor de los casos, modestos. Los materiales son prácticamente los mismos y la logística se vuelve más compleja: más boletas, más capacitadores, más conteos, más actas por procesar y un margen de error más alto. La concurrencia no elimina costos; los redistribuye y, en algunos casos, los incrementa. Tampoco garantiza mayor participación. En Veracruz y Durango, donde las elecciones judiciales coincidieron con comicios partidistas bajo la lógica de austeridad, la afluencia fue de apenas 19 por ciento.
A ello se suma otro elemento: la saturación del electorado. La elección judicial del año pasado mostró que cuando los ciudadanos enfrentan múltiples boletas simultáneas, su capacidad de emitir un voto informado disminuye. No por casualidad, el propio Gobierno justificó la distribución de “acordeones” argumentando que la jornada era demasiado compleja. Añadir una revocación presidencial no es que aumente la dificultad, pero sin duda no la reduce.
También está la dimensión constitucional. Como recordó Claudia Ruiz Massieu, en 2019 se alcanzó un consenso amplio para prohibir que la revocación coincidiera con cualquier elección federal o local. Ese candado —avalado por Morena y la oposición— buscaba preservar la naturaleza ciudadana del mecanismo y evitar su contaminación con la lógica electoral. Hoy, ese acuerdo se quiere revertir bajo el argumento de la eficiencia, sin valorar a fondo las razones que llevaron a establecerlo.
Más allá de las interpretaciones políticas o los argumentos logísticos, quizás la pregunta más importante sea otra: ¿qué función queremos que cumpla la revocación de mandato en México?
Si se concibe como un instrumento excepcional para momentos de pérdida de confianza, su realización simultánea con las elecciones ordinarias puede diluir su propósito. Si es un mecanismo ciudadano para evaluar el desempeño presidencial, entonces exige condiciones claras, recursos suficientes y autonomía plena del árbitro electoral. En todo caso, es un ejercicio que exige difundir información clara sobre qué pasa si se le revoca el mandato a la persona titular del Ejecutivo.
La iniciativa está en pausa, no concluida. Su discusión obliga a pensar más allá de la fecha y del cálculo electoral. Obliga a preguntarnos si la revocación, tal como está diseñada, cumple por diseño algún propósito democrático o, como suele suceder, es un boost electoral. En todo caso, en un universo paralelo revocaría la revocación y se estaría discutiendo la segunda vuelta electoral.
