En términos anualizados la industria manufacturera y maquiladora de exportación (IMMEX) despidió a 110 mil 125 trabajadores al mes de agosto pasado, conforme a los datos más recientes del Inegi.
Quien dio la primera voz de alerta desde el sector sindical fue el diputado morenista Pedro Haces, quien destacó la disminución en 3.4% anual en el número de personal ocupado; el primero en hacerlo desde el sector empresarial fue Octavio de la Torre, quién a través de la encuesta que realiza la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-ServyTur), el 83.8% de los consultados tuvo conocimiento de alguna empresa que considera mover, reducir o cerrar operaciones en el Estado o país durante el último año.
El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), no se equivoca en atribuir esos despidos tanto a la automatización de procesos que sustituye al trabajo manual, así como a la incertidumbre generada por la política arancelaria y no arancelaria del gobierno estadounidense; pero enfocado a los factores internos, el líder de Concanaco encontró que 20.8% de las empresas que desinvierten en México generaban más de 500 puestos y que su reacomodo responde en 58.2% a mayores costos operativo o fiscales o 41.8% a cambios regulatorios o aduanales.
Ahora sí, a transparentar concesiones
Es decir que el deterioro de negocios, particularmente en el sector que mantiene el flujo de dólares y creación de empleos formales, seguirá adelante… y que se ahondará tan pronto como el 9 de diciembre próximo, como lo advierte en la “Circular Crítica” T-0207/2025 de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), que firmó el presidente del organismo, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, advirtiendo que la llamada Manifestación de Valor Electrónica (MVA) ya no la deberá hacer el agente aduanal, sino directamente el importador y resguardar la información durante cinco años y que de seguir haciéndolo se le suspenderá su patente aduanal por infringir lo dispuesto en el Artículo 162 de la recién aprobada Ley Aduanera.
Si bien esa medida y otras buscan atajar la subvaluación de importaciones y la evasión fiscal, las compañías que importan para exportar tendrán aún mayores complicaciones operativas y riesgos fiscales, como aquel que ha llevado a Samsung, que aquí encabeza Thomas Yun, a que siga considerando salir de México al no llegar todavía a un acuerdo con la doble tributación por importación virtual.
Una doble tributación que en breve podría validar como acción fiscal corriente la Corte de Justicia.
No en vano las empresas tecnológicas en Estados Unidos (2,200 compañías, entre ellas Lenovo, la misma Samsung, LG, Nvidia, Panasonic y Microsoft) hayan solicitado, a través de la Consumer Technology Association que la USTR, que lleva Jamieson Greer, plantee en la renegociación comercial los riesgos que conllevan los cambios al Poder Judicial mexicano y se ponga un alto a las amenazas de auditorías que implicarían la incautación de sus mercancías en aduanas y eventualmente confiscación de sus bienes.
Generación Z y la derrota de VictoryLab. Hay mucha molestia: la narrativa digital encargada y organizada con grandes granjas de bots de la empresa VictoryLab, de Carlos Merlo, fue derrotada por la viralización de los mensajes orgánicos que detonaron las marchas nacionales convocadas por la Generación Z.
No resultaron los esfuerzos (nada baratos) de esa compañía para descalificar en redes sociales la convocatoria a las marchas del sábado pasado, que corrió como pólvora a través de memes y videos en TikTok, Instagram y X. Para inhibir la asistencia, la labor de esa compañía se enfiló a ligar a los promotores de las movilizaciones a un “complot de la derecha internacional” y/o al PRI, de Alejandro Moreno, o al PAN, de Jorge Romero.
La narrativa preparada por VictoryLab resultó contraproducente para su cliente.
Cofepris, el maquillaje de los otros datos. Es sabido que, en tiempos inmemoriales, cuando el médico personal de Andrés Manuel López Obrador, José Alonso Novelo, fue encargado de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), se acumularon por montones los trámites para licencias sanitarias y permisos de importación. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) estimó que sumaron cerca de 25 mil trámites atorados. Novelo, cuenta la leyenda, ordenó al grupo conocido como “Las Brujas de Eastwick” que suspendieran todos los trámites según para encontrar rastros de corrupción…, pero detuvieron procesos por cosas nimiamente ridículas como el engrapado de documentos y el fotocopiado presentado por las empresas del ramo.
Las cosas no han cambiado mucho ahora, salvo la manera de contarlo: la nueva comisionada de fomento sanitario, Giota Panapoulou, ya se subió a la narrativa oficialista: a los representantes de laboratorios, hospitales y de los demás sectores a los que regula, les asegura que Cofepris está en “rezago cero” y que a partir de su llegada los tiempos de registro se han reducido a 17 días… cuando es sabido que son más de 10 mil trámites “atorados”.
¿Pues cómo lo logró? Nos cuentan que Cofepris solicita a las empresas privadas que se desistan del trámite (que se lleva de uno o dos años, dependiendo del “arreglo”) so pena de no recibir autorización alguna… ¡Y milagro, se acabó el rezago!
