El Gobierno del presidente Trump ha implementado una política antinarcoterrorista, que ha incluido sanciones a la clase política y empresarios mexicanos, considerando a sus familias, retirando las visas estadounidenses.
El Departamento de Estado de EU, de Justicia, DEA, FBI y Aduanas, se han encargado de implementar este mecanismo: cancelación de visas, detenciones fronterizas, congelamiento de cuentas y bloqueos de trámites en Estados Unidos, a quienes tengan vínculos con la delincuencia organizada, o hayan realizado acciones asociadas al tráfico de drogas, lavado de dinero o trata de personas.
Este mecanismo ha generado incertidumbre en México, y ha propiciado que la Presidenta Sheinbaum, reitere la solicitud de información para determinar la veracidad de los hechos y dichos del Gobierno de EU. No ha tenido respuesta alguna. Cabe señalar que para la estabilidad y gobernabilidad, el quitar visas tiene un costo menor al de una intervención militar en nuestro territorio, contra objetivos narcoterroristas.
Reconocimiento al Ejército
EU se apoya en la Ley Patriota y la Ley de designación de organizaciones terroristas extranjeras. Preocupa la denominada “lista Marco”, en la que destacan objetivos políticos de Morena, de alto perfil, en la que aparecen gobernadores actuales, exgobernadores, líderes y miembros del Congreso de la Unión, funcionarios federales y militares en activo y retirados.
Quitar visas estadounidenses —decisión soberana del Gobierno de EU— a miembros de la clase política mexicana en el poder, ha colocado al Gobierno mexicano en una situación incómoda frente a la opinión pública nacional y mundial; lo exhibe como corrupto, delincuente, ilegal, no confiable, implicando vínculos con la delincuencia transnacional. Las palabras narcoestado, narcogobierno, o la expresión: los cárteles controlan territorio y gobierno, aparecen cotidianamente en medios y marchas.
Estas acciones de quitar visas, junto con los aranceles, son elementos que presionan al Gobierno de México, tanto por las negociaciones previas al T-MEC, como para que apoye a EU en migración, seguridad, respalde acciones contra Venezuela y las posibles intervenciones militares en territorio nacional.
Ante esta estrategia de quitar las visas, aun cuando es una decisión soberana de EU, el Gobierno mexicano debiera realizar acercamientos, con el fin de evitar la exhibición mediática. Como ha ocurrido con el presidente de San Luis Río Colorado, algunos diputados, los hijos del gobernador de Sonora, del exdirector del CNI, el exgobernador de Guerrero, la gobernadora de Baja California, su esposo y colaboradores, banqueros, deportistas, artistas y muchos más.
Importa establecer, dentro del mecanismo de análisis de las mesas de trabajo con EU, la atención previa contra personajes a quienes les retiren las visas y sean colocados como culpables de narcodelincuencia. El Gobierno mexicano al conocer los objetivos en proceso, podría realizar una investigación de colaboración, sin que medie una ventaja de huida para los posibles objetivos, y deslindarse de complicidad con la delincuencia organizada, como ocurrió contra algunos casinos, en donde el Tesoro de EU y la UIF actuaron de común acuerdo.
Valoremos que la situación quitavisas estadounidenses continuará, es parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de Trump.
