La mayoría conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos ofrece una oportunidad para que grupos de esa tendencia busquen revocar derechos adquiridos por minorías. Así como en junio de 2022 la Corte anuló el caso Roe v. Wade, que protegía el derecho de las mujeres a terminar voluntariamente con los embarazos, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue recientemente impugnado al cuestionarse la constitucionalidad del caso Obergefell v. Hodges.
La embestida tiene su origen en 2015. En ese año, la secretaria del condado de Rowan, Kentucky, de nombre Kim Davis, ganó notoriedad por su homofobia. Una de las atribuciones del puesto consiste en emitir licencias de matrimonio. Davis, sin embargo, se rehusó a darla a una pareja gay. Cuando la pareja se inconformó ante la justicia, alegando un trato discriminatorio, la entonces secretaria del condado procedió a negar las licencias a todas las parejas, homosexuales y heterosexuales. Argumentando que actuaba bajo la autoridad de Dios, la servidora pública señaló que los solicitantes podrían obtener su licencia en otro condado.
El actuar de la señora Davis dio lugar a dos juicios: uno interpuesto por la pareja gay alegando que su derecho a casarse estaba siendo violado y otro en contra de su negativa a emitir cualquier tipo de licencia matrimonial. En el segundo caso, un juez de distrito ordenó a la secretaria del condado a emitir las licencias solicitadas. Basándose en esa orden, la pareja gay volvió a solicitar la licencia y, de nueva cuenta, Davis se negó a emitirla. La pareja gay interpuso un juicio contra Davis y al final de éste se condenó a Davis a pagar una compensación de 50 mil dólares a cada uno de sus integrantes. La secretaria se inconformó ante una corte de apelaciones argumentando que obligarla a expedir una licencia de matrimonio a dos personas del mismo sexo violaba su derecho a ejercer libremente su religión, tutelado en la primera enmienda. La corte de apelaciones del 6° Circuito determinó confirmar la condena, señalando que, en su calidad de secretaria del condado, Davis actuaba como servidora pública y sus acciones no estaban protegidas por la primera enmienda.
Luego de nueve años de litigio en tribunales federales, Kim Davis solicitó a la Corte Suprema en agosto de 2025 la atracción del juicio que le condenó a pagar 100 mil dólares. Davis planteaba al máximo tribunal que determinara si la primera enmienda podría ser utilizada como defensa en su caso, al tiempo que considerara la derogación del caso Obergefell v. Hodges. Argumentaba también que la resolución de 2015 carecía de base constitucional y le planteaba optar entre sus creencias religiosas y su trabajo. Aunque la solicitud fue admitida, el pasado 10 de noviembre la Corte publicó un escueto aviso en el que anunciaba su rechazo a revisar la condena impuesta a Davis cancelando, por lo pronto, la revisión de la base legal que tutela el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio.
