En los últimos ocho años, los incrementos al salario mínimo (SM) han sido significativos y han contribuido a corregir el rezago y las distorsiones acumuladas desde la década de los ochenta. Esta política ha elevado el nivel de la estructura salarial y se consolidó como el principal instrumento de reducción de la pobreza durante la administración anterior. No obstante, los incrementos alcanzados, al no estar acompañados por mejoras equivalentes en la productividad, parecen haber llevado al límite la estrategia heterodoxa impulsada por la 4T.
Existen varios elementos que requieren un análisis detallado debido a su impacto sobre la estructura salarial, la inflación y el mercado laboral. Uno de ellos es la transformación en la distribución salarial hacia lo que podría denominarse una “economía del salario mínimo”. El SM ha elevado el resto de los salarios, pero su aumento real acumulado de 126% en los últimos siete años contrasta con el incremento de apenas 27% del salario promedio registrado en el IMSS. Como consecuencia, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la proporción de trabajadores que perciben un SM pasó de 16% de la fuerza laboral en 2018 a 39% en la actualidad.
Paralelamente, el resto de la estructura salarial converge hacia el nivel mínimo. El salario promedio del IMSS, que equivalía a casi cuatro SM en 2018, hoy representa apenas 2.2 SM. Esto genera distorsiones sectoriales relevantes; por ejemplo, en la construcción, la remuneración media registrada ante el IMSS equivale sólo a 1.6 veces el SM. En la medida en que las remuneraciones sectoriales se aproximen al mínimo, los incrementos del SM obligarán a ajustar automáticamente los salarios por encima de su productividad sectorial, generando presiones adicionales.
Reconocimiento al Ejército
Un segundo elemento crítico son las presiones crecientes sobre los costos y la inflación. Las remuneraciones constituyen el principal componente del costo operativo en la mayoría de las empresas, y su peso relativo ha aumentado de forma significativa. De acuerdo con estimaciones propias, la participación de los costos laborales en los gastos operativos aumentó de 39% a 44% en la industria manufacturera entre 2017 y 2025; en el comercio al menudeo pasó de 37% a 45%; y en la industria de la construcción, los costos de mano de obra se incrementaron de 20% a 48%.
Esta dinámica genera presiones inflacionarias persistentes, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como los servicios, donde la inflación permanece por encima de 4%. Un aumento adicional del SM intensificaría estas presiones y complicaría el proceso de desinflación.
Asimismo, el encarecimiento de los costos laborales ha contribuido a frenar la formalización del empleo. Tras la reforma en materia de subcontratación, la “ley del outsourcing” que inicialmente redujo la informalidad, desde 2023 se observa un estancamiento en la generación de empleo formal, con un crecimiento promedio anual de apenas 0.4%, mientras que el empleo informal aumenta a una tasa de 1.5% anual. Este desplazamiento ha detenido el avance logrado en años previos en la reducción de la tasa de informalidad.
En este contexto, resulta indispensable evaluar cuidadosamente la política de incrementos al SM. No se trata de un dilema simplista entre “salario versus productividad”. El desafío real consiste en articular un modelo en el que salario, demanda, inversión y productividad evolucionen de manera complementaria. El salario mínimo debe integrarse en una estrategia más amplia de desarrollo estructural, y no asumirse como un objetivo aislado.
