Hace una semana, los integrantes de la Corte Suprema estadounidense celebraron una audiencia para determinar el alcance que deben tener las resoluciones de las cortes federales respecto a las apelaciones rechazadas de los solicitantes de asilo. La controversia se origina en el caso de una pareja salvadoreña que, luego de ingresar a territorio de Estados Unidos en 2021, demandó ser reconocida como asilada.
Douglas Orellana y Saira Gámez basaron su solicitud en las amenazas recibidas de un sicario perteneciente a una banda de narcotraficantes. Las agresiones se originaron cuando un medio hermano de Orellana, llamado Juan, discutió con el sicario sobre un asunto familiar, consecuencia de lo cual el hombre asesinó a Juan y a otro medio hermano. Aunque Douglas mudó su residencia, el asesino lo localizó y continuó amenazándolo, exigiéndole dinero a cambio de no matarlo. En uno de estos encuentros Douglas recibió tres balazos en el pecho. De ahí que huyera a Estados Unidos y solicitara asilo. Según la ley, la adquisición del estatus de asilado depende de que los individuos hayan huido del país debido a una persecución o un temor bien fundado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. La defensa de la pareja argumenta que las experiencias de la familia cumplen con lo previsto en la norma, pues la persecución se debe a su relación con Juan, quien es parte de su grupo social.
Un juez migratorio negó en 2022 la solicitud de asilo. Después de una investigación administrativa, señaló que la suma de amenazas no cumple con el estándar legal, dado que varios familiares de la pareja siguen viviendo en El Salvador sin recibir daños ni amenazas. La Junta de apelaciones migratorias coincidió con el juez, reiterando la negativa y ordenando la expulsión de la pareja. En los casos en que la Junta de apelaciones niegue el asilo, el solicitante puede acudir a una corte de apelaciones federal. Eso fue exactamente lo que hizo la pareja, interponiendo una reclamación ante una Corte de apelaciones. Esta última coincidió con el criterio de la Junta de apelaciones.
Las atribuciones de las cortes federales en materia migratoria no son claras. En general, convalidan las determinaciones de las Juntas, asumiendo que la investigación administrativa estuvo apegada a la ley, sin revisar si sus actuaciones cumplieron el estándar sobre lo que es una persecución de acuerdo con la ley. De ahí que la defensa de la pareja haya acudido a la Corte Suprema. En la audiencia del 1.o de diciembre, la defensa de la pareja pidió que el tribunal máximo amplíe el alcance de las cortes de apelación en materia migratoria, particularmente en lo relativo a la determinación de lo que puede ser considerado como persecución. La Fiscalía General se opuso a tal pretensión. Dada la integración del máximo tribunal, es previsible que el papel revisor de las cortes federales se mantenga restringido. Sigamos pendientes.
