En Estados Unidos se han vuelto tristemente comunes las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) contra migrantes en diversas ciudades de ese país. En el otro extremo de América, el suramericano Chile, podrían repetirse esas escenas deplorables. El candidato de la derecha, José Antonio Kast, ha prometido la expulsión de 330 mil migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos y haitianos, del territorio chileno.
A unos días de las elecciones presidenciales en Chile, en las que se espera un triunfo de Kast sobre la candidata de izquierda, Jeannette Jara, la ansiedad se desata en las comunidades migratorias. Miles de migrantes comienzan a trasladarse a la frontera con Perú, con el propósito de salir del país. En la zona fronteriza, históricamente disputada de Tacna y Arica, se acumulan grupos de migrantes que huyen de una posible expulsión de Chile.
A pesar de la sintonía ideológica que podría establecerse entre el gobierno provisional de José Jerí en Perú y un probable gobierno de José Antonio Kast en Chile, el regreso de cientos de miles de venezolanos y haitianos, por la frontera peruana, atiza el conflicto. El gobierno peruano ha decretado el estado de emergencia en Tacna y ha procedido a la militarización de la frontera.
En Perú hay más de un millón de migrantes venezolanos y el gobierno de Jerí sostiene una posición antimigrantre y xenófoba muy parecida a la de Kast. Pero esa coincidencia multiplica las tensiones porque dos países vecinos convergen en una misma intolerancia a la regularización de migrantes venezolanos y haitianos.
La candidata de la izquierda chilena, Jeannette Jara, ha propuesto opciones de regularización de los migrantes. También ha hablado de la creación de un corredor humanitario, siempre y cuando sea negociado con los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia. Kast, en cambio, habla de un corredor humanitario como vía de evacuación de cientos de miles de migrantes expulsos.
El canciller peruano Hugo de Zela ha sostenido que Perú no puede aceptar la internación de los migrantes que huyen de Chile, como consecuencia de una política de expulsión. El posicionamiento del canciller forma parte de una línea de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, compartida por otros gobiernos vecinos como los de Bolivia y Ecuador.
El antimadurismo, por lo visto, no es suficiente para concertar iniciativas de regularización de los migrantes en esos países y, mucho menos, para negociar con Venezuela una repatriación masiva.
La fricción transnacional en el Pacífico que genera la propuesta antimigrante de Kast, va más allá del apoyo o el rechazo a Maduro. Ninguno de los gobiernos involucrados es aliado de Maduro y todos se inscriben en el espectro de las derechas. Sin embargo, en las cancillerías andinas se reproduce la sensación de que Kast proyecta traspasar a sus vecinos la tensión xenofóbica y racista que propaga su propio electorado.