Se han hecho virales las imágenes tan desagradables de varias legisladoras del Congreso de la Ciudad de México agarrándose a golpes y jalándose los cabellos en plena tribuna.
Parecía que la sede de los diputados de la Ciudad de México en realidad era un ring de lucha libre. Mientras se golpeaban las diputadas, varios legisladores desde sus curules gritaban sin decir nada claro, y otros parecían disfrutar la función, entre risas y sorpresas.
No es la primera vez que vemos el despliegue de violencia en los congresos. Es una práctica común que diputados de Morena y sus aliados usan para contrarrestar a la oposición.
Todo comenzó en la sesión en el pleno; diputados del PAN expresaron su molestia cuando la bancada de Morena propuso aprobar una reserva para el Instituto de Transparencia local, cuyas atribuciones quiere Morena trasladar a la Contraloría de la Ciudad de México, que encabeza Nashieli Ramírez.
Otra institución independiente que buscan desaparecer desde el partido en el poder, para que no haya transparencia ni rendición de cuentas.
El dictamen sobre la propuesta de la Jefatura de Gobierno fue presentado por el diputado de Morena, Víctor Hugo Romo, quien aseguró que con la extinción no desaparecería la rendición de cuentas como se ha dicho, sino que habría eficiencia en el gasto y responsabilidades públicas.
No es verdad, a través de esta iniciativa se busca hacer todo mucho más secreto y que el pueblo bueno no pueda tener acceso a la información en la Ciudad de México (CDMX). Una institución más que está desapareciendo de un plumazo.
Ante esta iniciativa, diputados de oposición subieron a la tribuna. La panista Daniela Álvarez denunció que se había roto el pacto y amenazó con tomar la tribuna para impedir que pasara esta ley.
Al mismo tiempo, la bancada de Morena subió a la tribuna, encabezados por Martha Ávila, Yuriri Ayala, Elizabeth Mateos, entre otras diputadas; todas intentaron, a empujones, sacar a las legisladoras de oposición.
El presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma, pidió que se tranquilizaran, pero no sirvió de nada; la violencia continuó escalando, por lo que decretó receso anunciando que buscarían una sede alterna, que en un principio sería el auditorio Benito Juárez del edificio legislativo del Zócalo.
La realidad es que lo que buscó Sesma fue que los panistas se retiraran para poder aprobar en el Congreso de la Ciudad de México esta reforma para desaparecer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infocdmx), uno de los órganos autónomos encargados de garantizar el derecho ciudadano a saber cómo actúan las autoridades.
SE PELEAN POR TRIBUNA
La iniciativa propone eliminar su autonomía y trasladar sus funciones a una dependencia del propio gobierno capitalino, bajo el argumento de austeridad, reducción de costos y simplificación administrativa.
Según lo presentado, se asegura que los derechos de acceso a la información y protección de datos se mantendrán, pero especialistas y organizaciones advierten que la reforma debilita los contrapesos, afecta la rendición de cuentas y genera un conflicto de interés, pues el Gobierno sería el que resuelva las solicitudes y quejas contra sí mismo, reduciendo la vigilancia ciudadana sobre el poder público.
Lo que se busca es desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública que existe en la CDMX, de la misma forma en que hace poco más de un año se eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
A nivel federal, la eliminación del Inai se aprobó mediante una reforma constitucional impulsada por Morena y sus aliados, que obtuvo mayoría calificada en el Congreso de la Unión y fue avalada por los congresos estatales. El argumento oficial fue austeridad y simplificación administrativa.
Con la eliminación del Inai se buscó silenciar y tapar temas tan incómodos para el partido en el poder como la información que había salido con anterioridad sobre los contratos y costos del Tren Maya y Dos Bocas, compras de medicamentos, viajes y gastos de funcionarios, información sobre Segalmex, de adjudicaciones directas y fideicomisos.
Desde el Inai se obligó a transparentar documentos que el Gobierno buscó reservar por “seguridad nacional”, y por eso el instituto se convirtió en un contrapeso incómodo para el poder.
El Inai fue un órgano que se construyó durante dos décadas para transitar a un modelo que no despertara profundo escepticismo ante la ausencia de garantías de autonomía y se buscaba era una apertura gubernamental.
El Instituto de Acceso a la Información Pública local de la Ciudad de México se fundó en 2006. Originalmente se llamó Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), tras la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Con la transformación del DF en Ciudad de México, en 2016 cambió su nombre a Infocdmx y amplió sus atribuciones, incorporando plenamente la protección de datos personales.
Desde su creación, ha sido el órgano autónomo encargado de garantizar el derecho ciudadano a saber cómo actúan y gastan las autoridades locales.
Para desaparecer el Inai, entre los argumentos presentados por el gobierno de López Obrador, fueron que los recortes y desaparición del Inai respondían a la necesidad de una austeridad presupuestaria, que sacrificaba la necesidad de los ciudadanos de estar enterados de cómo las dependencias y organismos manejan los recursos que, en teoría, son de todos los ciudadanos y no de unos cuantos.
Ahora, desapareciendo el órgano independiente local, se dice que no es para censurar y ocultar información. Falso en ambos casos.
Por lo pronto, de lo que se habla es de la golpiza en la tribuna, y muy poco de que está por desaparecer Infocdmx.
Mientras todos miran la pelea, lo verdaderamente grave pasa desapercibido: la desaparición de la transparencia. El pleito en la tribuna fue el ruido perfecto para ocultar una decisión que les quita a los ciudadanos el derecho a saber. Y cuando el acceso a la información se pierda, quedará claro que el golpe no fue entre diputadas, sino contra la democracia.