“Hay gorrioncillo, gorrioncillo pecho amarillo. Con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando…”, cantaba un desenfadado Hugo Chávez Frías mientras caminaba en solitario por el Templo de San Agustín, en la ciudad de Oaxaca. Reía y bromeaba, resoplaba ante el calor, abrazaba a los periodistas y festejaba la caída del PRI. Era el 2 de diciembre del 2000 y acompañaba a Vicente Fox en su primera gira por el país como Presidente de México.
No pasaría mucho tiempo antes de que Chávez rompiera con el gobierno de Vicente Fox y llevarán a los gobiernos de México y Venezuela a una confrontación brutal, a la que se sumó el cubano Fidel Castro. En los siguientes años el régimen chavista iniciaría un intenso proyecto de expansión ideológica y adoctrinamiento social en la región y México formó parte de sus planes; por algún tiempo, construyeron el eje México-Caracas-La Habana.
En aquellos años, el cuerpo de inteligencia del Estado Mexicano, el mítico CISEN, había hecho un enérgico seguimiento a cada uno de los promotores de la Revolución Bolivariana en México agrupados en algo que llamaron “Círculos Bolivarianos” y había logrado sus direcciones, conocía sus rutas, amigos, parejas, amantes, ingresos, incluso sus conflictos al intentar entrar a otras naciones… absolutamente todo.
Al mismo tiempo actores políticos y sociales de izquierda empujaban en México programas del régimen chavista —apalancados con el boom petrolero que entonces vivía Venezuela— como “Operación Milagro” en el cual viajaban a zonas marginadas del país, particularmente Yucatán, detectaban a personas con cataratas, las llevaban a Cuba a ser operadas y regresaban a sus lugares para presumir los alcances de la “solidaridad” venezolana con México.
Los planes expansionistas del régimen chavista, que hoy encarna con su propio sello el dictador Nicolás Maduro, fue muy efectivo mientras duró el liderazgo de Chávez y la fortaleza del precio del petróleo —aunque hoy Venezuela cuenta con reservas comprobadas por más de 300 mil millones de barriles de crudo, las más grandes del mundo.
A más de dos décadas de aquella visita de Chávez a México, el pensamiento bolivariano que propago en la región tiene una gran simpatía en el gobierno de México y en las filas de la 4T; incluso hay sectores de la actual izquierda mexicana dispuestos a defender a ultranza el régimen del dictador Nicolás Maduro y a fustigar a sus opositores pese a la crisis democrática, humanitaria y migratoria que enfrenta el pueblo venezolano.
Ante la escalada de las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, sus señalamientos contra Maduro, la proyección global de María Corina Machado, y el alineamiento de Europa con Machado y de Rusia con Maduro, es clave el papel que jugará el gobierno de México en este escenario.
Los gobiernos mexicanos de derecha, el de Fox y Calderón, hicieron lo posible por frenar esa operación venezolana en México. Peña Nieto rindió honores a Chávez en sus funerales y López Obrador dio su respaldo total a Nicolás Maduro, incluso lo recibió en el despacho presidencial el día de su investidura.
Pese a las críticas de la derecha, la prudencia y disposición del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para eventualmente mediar en la crisis venezolana, privilegiando los principios de no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, será fundamental para erigir a México nuevamente como líder de América.
En Palacio Nacional —me dicen— es fundamental permitir que sean los propios venezolanos los que definan el rumbo de su país. Mantenerse al margen será la mejor arma que tendrá México para mediar con su larga tradición diplomática ante una escalada que puede reactivar la polarización ideológica de la humanidad.
RADAR
SEGURIDAD PRIVADA BAJO PRESIÓN. Desde Quintana Roo nos comentan que al menos 30 empresas de seguridad privada acusan ser víctimas de un esquema de extorsión institucional y ponen la lupa sobre funcionarios del Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad.
Nos comparten que a estas empresas se les exigen pagos millonarios disfrazados de trámites administrativos o inspecciones. De acuerdo con testimonios compartidos con este columnista, las compañías que se niegan a pagar enfrentan clausuras inmediatas, retrasos injustificados de trámites y hostigamiento burocrático, mientras que las que acceden a los pagos reciben autorizaciones en cuestión de días.
“Nos dijeron directamente: si no pagas, tu trámite no pasa”, me dijo un empresario. Otro afectado señaló que, aunque la ley marca plazos de entre 1 y 90 días hábiles para resolver trámites, en la práctica estos pueden extenderse hasta seis meses o más sin justificación cuando no se realizan pagos extraoficiales.
Empresarios y abogados del sector cuentan con evidencia de trato diferenciado y del uso del poder público para intimidar o eliminar a competidores. Las denuncias ya fueron presentadas ante la Secretaría de Seguridad Pública.
El caso adquiere mayor relevancia por tratarse de señalamientos contra servidores públicos, una conducta considerada agravante en la nueva Ley Antiextorsión, que contempla sanciones severas y mecanismos para proteger a las víctimas.
Daremos seguimiento a esta denuncia.