Estados Unidos no ha invadido un país latinoamericano desde el derrocamiento de Manuel Antonio Noriega en Panamá, entre 1989 y 1990. Durante estos cuatro meses, cuando se han producido cerca de 30 ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 100 muertos, hemos estado lo más cerca, desde entonces, de una nueva invasión, esta vez a Venezuela.
En la última semana, el extraordinario despliegue militar frente a las costas venezolanas, con el poderoso portaviones Gerald Ford y un bloqueo contra cargueros petroleros sancionados, rebasó ampliamente el objetivo de la hostilización de embarcaciones de los cárteles venezolanos y colombianos. Aunque se insistía en que la finalidad no era el derrocamiento de Nicolás Maduro o el cambio de régimen en Venezuela, se llegó a admitir que el propósito era presionar al máximo hasta lograr la renuncia o la fuga del mandatario.
En días recientes, en tres ocasiones, Donald Trump se refirió de manera directa a una invasión con un objetivo, hasta ahora, no formulado tan claramente. Según Trump, Venezuela se había “robado petróleo, tierras y bienes” de Estados Unidos y él se proponía recuperarlos. El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aclaró el asunto cuando especificó que el presidente se refería a la nacionalización petrolera de 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que creó la empresa estatal PDVESA.
En efecto, en 1975, cuando Venezuela era una de las pocas democracias de la Guerra Fría latinoamericana, aliada de Estados Unidos, y Pérez apenas llevaba un año gobernando, se emitió una ley que transfería al Estado las reservas de petróleo, asfalto, gas natural y otros hidrocarburos y su exploración, prospección y comercialización. La causa que se invocaba en la ley para aquella medida era la “conveniencia nacional”.
La nacionalización se produjo después del embargo petrolero de los países árabes a Estados Unidos, por su apoyo a Israel. El precio del petróleo se disparó y lo que entonces se llamó la “Venezuela saudita” salió beneficiada. Pero tampoco Estados Unidos fue ajeno a ese beneficio, como se pudo comprobar en las buenas relaciones entre Carlos Andrés Pérez y Jimmy Carter.
Como si hubiera despertado de un largo sueño, como Rip Van Winkle, Trump parece ahora querer dar marcha atrás a la historia y no sólo confrontar a Nicolás Maduro y a su maestro, Hugo Chávez, sino al antiguo régimen de la llamada “Revolución Bolivariana”, la Cuarta República, en la que se formaron los políticos y políticas de la oposición antichavista, incluidos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
En estos cuatro meses, la mayor resistencia a esas acciones militares en el Caribe y el Pacífico, que organismos internacionales entienden como “ejecuciones extrajudiciales”, no han provenido de Rusia, China, Cuba o cualquier otro aliado de Maduro sino de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos. Trump y Rubio responden a esa presión con el argumento de que no se planea derrocar a Maduro, a pesar de que la Jefa de Gabinete, Susie Wiles, no lo ha descartado.
De manera que, hasta ahora, el casus belli de Trump contra Venezuela estaría oficialmente planteado como una invasión para detener el flujo de drogas y recuperar el petróleo. Por supuesto que gran parte de la oposición, de los ocho millones de la diáspora de ese país y de la propia sociedad venezolana alberga la esperanza de que una acción armada provoque el derrocamiento de Maduro.
Pero la historia cuenta: en tanto actos de guerra, todas las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina han sido desastrosas y todas han abastecido de combustible a los nacionalismos más autoritarios, de los que provienen, justamente, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y otros déspotas caribeños del siglo XXI. Una invasión a Venezuela potenciaría la remilitarización, el autoritarismo y la fractura que ya crecen en la región.