La detención de Nicolás Maduro no equivale, todavía, a la caída del régimen chavista.
Confundir ambos planos —el del líder y el de la estructura de poder— sería el primer error analítico de esta coyuntura. Lo que se abre en Venezuela no es una transición automática, sino un momento incierto en el que el régimen intenta reacomodarse, fragmentarse o resistir para sobrevivir. El chavismo ha sido, desde hace años, algo más que un gobierno personalista. Es una coalición compleja que articula mandos militares, control partidario, redes económicas opacas y grupos paraestatales.
Por eso, la ausencia de Maduro en la cúspide no disuelve de inmediato los resortes que permiten al régimen operar. El riesgo principal no es el vacío de poder, sino la simulación de continuidad: que el régimen se presente como reformado mientras conserva intactos sus mecanismos de coerción.
El punto de partida de cualquier transición es un país exhausto. Venezuela ha perdido más de siete millones de personas por migración forzada, una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo contemporáneo, comparable sólo con Siria. Más del 90% de la población vive en situación de pobreza, y amplios sectores dependen de remesas, asistencia informal o economías de subsistencia. La reconstrucción institucional deberá hacerse, además, con un Estado debilitado por la fuga de capital humano y administrativo.
En el plano interno, los movimientos recientes apuntan precisamente a esa lógica de contención. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ajustó su discurso tras reunirse con Vladimir Padrino López —ministro de la Defensa—, confirmando que el eje militar sigue siendo decisivo. En los regímenes autoritarios, las transiciones no comienzan con declaraciones políticas, sino con el reposicionamiento de las fuerzas armadas. La permanencia de figuras de control duro como Diosdado Cabello —ministro del Interior y Justicia— refuerza esa lectura.
A ello se suma la activación de grupos paraestatales —comúnmente conocidos como colectivos— que salieron a las calles para amedrentar a la población. No se trata de una movilización espontánea, sino de un recurso clásico del autoritarismo: desplazar el monopolio de la violencia hacia actores informales cuando la autoridad institucional se debilita.
El escenario internacional tampoco es neutral ni homogéneo. Rusia, China, Irán y Hamas reaccionaron con molestia y respaldo explícito al chavismo, como era previsible dada su afinidad estratégica. En otros sectores de la comunidad internacional, en cambio, predominó un lenguaje de cautela jurídica: se invocó casi al unísono el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, apelando al principio de soberanía y no intervención.
Ese principio fue invocado selectivamente: sirvió tanto para justificar la prudencia actual como para amparar el silencio durante años de deterioro democrático en Venezuela, cuando el régimen encarceló opositores como Leopoldo López, mantuvo presos políticos, capturó el Poder Judicial y el órgano electoral, vació las elecciones y violó de manera sistemática derechos humanos que la propia Carta de la ONU compromete a proteger. La selectividad no es jurídica: es política.
En este contexto, el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado que la transición debería ser encabezada por el presidente electo en el exilio, Edmundo González Urrutia. Más allá del respaldo específico, el mensaje es claro: una transición viable requiere legitimidad democrática reconocible, no sólo control fáctico. La reconstrucción institucional no puede quedar en manos de quienes participaron en el vaciamiento del Estado.
A ello se suma un problema de control territorial. Durante años, amplias zonas del país han quedado bajo influencia de grupos armados irregulares, economías criminales y redes de contrabando, particularmente en regiones fronterizas. La fragmentación del monopolio de la fuerza explica tanto la persistencia de colectivos paraestatales como el riesgo de brotes de violencia en una fase de transición. Sin una recomposición mínima de la autoridad estatal, la estabilidad seguirá siendo frágil.
En ese mismo sentido, figuras como María Corina Machado resultan indispensables. No sólo por su liderazgo opositor, sino porque encarnan una ruptura clara con el régimen y una narrativa de restitución democrática. Una vez lograda la expulsión de los principales líderes chavistas —y contenidos los previsibles brotes de violencia—, la transición dependerá de la capacidad de estas figuras para articular gobernabilidad, no revancha; justicia, no purga.
Conviene decirlo sin eufemismos: la paz llegará, pero no será inmediata. La experiencia comparada muestra que la salida de un régimen autoritario abre un periodo de ajustes, tensiones e incluso retrocesos. Habrá disputas por el control territorial, conflictos por la administración de recursos estratégicos —en particular, el petróleo— y una presión social comprensible por resultados rápidos en un país exhausto.
En el plano económico, el desafío es igualmente profundo. Venezuela pasó de producir más de tres millones de barriles diarios a finales del siglo XX a menos de un millón en los últimos años, con infraestructura deteriorada, sanciones, corrupción y pérdida de capacidad técnica. La reactivación del sector energético —condición necesaria para cualquier recuperación fiscal— no será inmediata ni automática: requiere seguridad jurídica, reglas claras y un proceso gradual de reinserción en los mercados internacionales.
El deterioro institucional no es menor. Venezuela ha operado durante años sin separación efectiva de poderes, con un sistema judicial capturado y un órgano electoral carente de credibilidad. La transición no parte de instituciones neutrales que puedan “reactivarse”, sino de estructuras que deberán ser reconstruidas o profundamente reformadas para recuperar legitimidad interna e internacional.
Este desplazamiento vuelve a colocar en primer plano una pregunta clásica, hoy renovada por la urgencia política: ¿qué es un Estado? ¿Una estructura que se hereda y se reconoce formalmente, o una práctica efectiva de gobierno, control y responsabilidad? Durante años, el orden internacional privilegió el estatus jurídico incluso cuando el Estado había sido vaciado desde dentro. El escenario venezolano muestra el límite de esa lógica: cuando el Estado deja de actuar como tal, el reconocimiento formal no basta para sostener legitimidad. Mientras esa tensión no se resuelva, la caída de un hombre no será aún la caída de un régimen ni el inicio garantizado de una transición democrática. Será, en el mejor de los casos, el comienzo de una etapa en la que todo —instituciones, legitimidad y paz— tendrá que ser reconstruido.