Cuando se habla de Venezuela desde Washington las voces son disonantes; aunque el foco ya no está puesto en cómo sacar a un hombre del poder, para algunos el problema principal es cómo impedir que un territorio siga funcionando como plataforma geopolítica de actores externos. Este cambio de enfoque no es menor: muestra que el problema venezolano ya no se lee como un simple relevo de liderazgo, sino como un entramado mucho más complejo.
En ese sentido, conviene insistir en que las transiciones políticas no son eventos instantáneos. Son procesos largos, graduales y casi siempre conflictivos. Esperar soluciones inmediatas conduce a diagnósticos errados y, peor aún, a decisiones que pueden agravar el daño.
Así, la estrategia de Estados Unidos bajo Donald Trump no apunta a un desgaste militar interno ni a una intervención directa, consciente del costo humano que ello implicaría para la población venezolana y para las familias de los militares estadounidenses. El énfasis parece desplazarse hacia otro frente: debilitar el sostén externo del régimen. La reactivación del lenguaje de la Doctrina Monroe debe leerse menos como un anuncio de ocupación y más como un mensaje geopolítico claro: fuera Irán, fuera China, fuera Rusia. Se trata de recuperar la zona de influencia del continente, y no necesariamente de ocupar el territorio.

Los dólares de la troca
Este marco también ayuda a entender por qué la figura de María Corina Machado no aparece como una solución inmediata. No se trata de que “regrese” una líder y gobierne de facto. Venezuela hoy no es un país institucionalmente disponible para una transición automática. El territorio está atravesado por redes de espionaje, economías criminales, narcotráfico y una presencia militar profundamente chavizada. Pensar en una restitución política instantánea equivale a ignorar la profundidad del daño acumulado.
Antes de cualquier transición democrática, el desafío es otro: debilitar la influencia de potencias extra-regionales en Venezuela, desmontar estructuras de coerción y reducir la capacidad de sabotaje interno; en otros términos, pacificar. Sólo después puede abrirse un proceso gradual de reconstrucción institucional y de competencia democrática real. La idea de liderazgos salvadores o respuestas inmediatas desconoce la complejidad del proceso y termina por frustrar expectativas legítimas.
El caso venezolano es inequívoco. Cuando cae un líder populista, la lógica de polarización que sostuvo al régimen no desaparece con él; por el contrario, suele convertirse en el principal obstáculo para una transición ordenada. Esa polarización —incubada durante años— fragmenta a la sociedad, debilita los acuerdos mínimos y vuelve inviable una salida institucional rápida. Prevenir estos escenarios exige actuar antes: cuidar la cohesión social, fortalecer instituciones antes de que se conviertan en trincheras y resistir la tentación de dividir permanentemente a la sociedad en bandos irreconciliables. La democracia no se rompe de un día para otro, pero tampoco se reconstruye cuando la polarización ya se ha vuelto estructural.

