A partir del 9 de enero, los usuarios de telefonía móvil deben registrar sus celulares en México. Y es que, si quieres conservar tu línea telefónica o comprar una nueva, debes inscribir tu información personal antes del 30 de junio de 2026.
Será obligatorio que esto lo hagan los propietarios de todas las líneas de telefonía móvil, tanto nuevas como ya activas, vinculándolas a una persona física o moral identificable. Tendrás que presentar tu CURP biométrica y otra identificación oficial, como INE o pasaporte.
El trámite puede hacerse en línea o de manera presencial con las compañías Telcel, AT&T, Movistar o a través de portales habilitados por los operadores.
Si no registras tu número, tu línea será suspendida y sólo podrás hacer llamadas de emergencia hasta resolver el trámite.
Este cambio forma parte de los nuevos lineamientos aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), bajo un nuevo marco regulatorio que busca —dicen— fortalecer la identificación de usuarios de telefonía móvil.
Nos dicen que el objetivo de hacer el registro obligatorio es eliminar el anonimato de los números celulares para combatir delitos como extorsión, fraude y secuestro, asociando cada línea con la identidad de su propietario.
Es verdad, cientos de celulares son utilizados todos los días para cometer extorsiones, pero ¿ustedes creen que los delincuentes utilizan líneas adquiridas de manera formal? Obvio no. Hoy lo que está en riesgo es que, si tú registras tu teléfono, los datos que supuestamente son para prevenir extorsiones y malos manejos terminen justo en manos de personas que los pudieran utilizar para extorsionarte o para presionarte.
Deberían hacer un operativo para ir tras todos los call center que manejan los cárteles de la droga en México, que es de donde sale la gran mayoría de las llamadas de extorsión.
Pero además, si te roban el celular o te hackean tu cuenta —como todos los días los delincuentes se roban el WhatsApp de las personas para extorsionar—, ahora no solamente serás víctima del robo de tu celular o de tu aplicación de mensajes, sino que te podrán hacer copartícipe del delito de extorsión.
El verdadero problema no es el registro del celular, sino quién va a proteger nuestros datos personales. La CRT depende básicamente del Gobierno federal y de decisiones concentradas en muy pocas personas, lo que abre la puerta, sin duda, a abusos.
En un país donde ya desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la garantía de resguardo de la información quedó debilitada. Sin un órgano autónomo fuerte, estos datos pueden convertirse en un mecanismo de control, presión o vigilancia sobre ciudadanos, periodistas, opositores o activistas, y en el peor de los casos, caer en manos de criminales.
VULNERABLES
Centralizar información sensible, como números telefónicos vinculados a identidades personales, implica riesgos reales.
Hay otro problema todavía más preocupante: en México, los hackers han obtenido datos sensibles mediante filtraciones a bases de datos gubernamentales, ataques a sistemas mal protegidos y accesos indebidos a plataformas oficiales y privadas.
Padrones electorales, expedientes médicos, datos fiscales y números telefónicos han sido expuestos por fallas de ciberseguridad, contraseñas débiles y servidores sin protección adecuada. Y es que, además, el Gobierno federal no ha invertido lo que se necesita para una ciberseguridad eficiente.
Estos incidentes muestran que el problema no es sólo el delito digital, sino la fragilidad institucional para resguardar información personal de millones de ciudadanos.
El combate al crimen no puede justificar que el Estado concentre bases de datos sin contrapesos claros, porque los criminales ya sabrán cómo darle la vuelta a este registro. Ellos sí trabajan en ciberseguridad, pero para sus fines delincuenciales.
Teniendo datos como la CURP biométrica e identificaciones personales como INE, licencia o pasaporte, fácilmente se puede rastrear la dirección personal de los usuarios y, con esa información, hasta un crédito bancario pueden pedir a tu nombre.
Si bien nos dicen que la protección de tus datos personales se resguardará bajo los marcos legales vigentes de protección de datos, ya no existen organismos autónomos para la protección de datos personales. Fueron eliminados por el propio Gobierno para manejarlos ellos.
El Inai desapareció en marzo de 2025, tras una reforma constitucional que eliminó a los organismos autónomos. Sus funciones fueron transferidas a dependencias del Gobierno federal, lo que generó preocupación por la pérdida de un contrapeso independiente. Durante años, el Inai fue el encargado de proteger los datos personales de los ciudadanos; hoy, esa tarea quedó centralizada en el propio Estado.
Si los que vivimos en la Ciudad de México todavía teníamos esperanzas de que nuestros datos personales estuvieran resguardados, les recuerdo que en una sesión del Congreso capitalino, a finales del año pasado, donde varias diputadas se jalaron los pelos y se agarraron a golpes en plena tribuna, fue porque la bancada de Morena propuso aprobar una reserva para el Instituto de Transparencia local, cuyas atribuciones fueron trasladadas a la Contraloría de la Ciudad de México, que encabeza Nashieli Ramírez.
Otra institución independiente que desaparecieron desde el partido en el poder para que no haya transparencia ni rendición de cuentas.
La iniciativa propuso eliminar la autonomía y trasladar sus funciones a una dependencia del propio Gobierno capitalino, bajo el argumento de austeridad, reducción de costos y simplificación administrativa.
Lo que se hizo fue desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública que existía en la CDMX, de la misma forma en que hace poco más de un año se eliminó el Inai.
Si nuestros datos personales no son resguardados como deberían serlo, imagínense lo útil de esa información. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2023) del Inegi, alrededor de 97.2 millones de personas en México usan un teléfono celular, equivalente a aproximadamente 81.4% de la población de seis años o más.
Es decir, no hay garantía total de que los datos personales de poco más de 97 millones de mexicanos no puedan ser hackeados o utilizados a beneficio de las personas en el poder.