Hemos regresado a las épocas y prácticas más rancias del priismo, aquellos años en los que los trabajadores del Estado eran presionados para afiliarse al partido en el poder.
Hoy, sindicatos mexicanos están obligando a sus trabajadores a afiliarse a Morena. Evidentemente no se trata de una presión abierta o explícita, sino de un mecanismo más sutil: la lealtad política se premia. Así se obtienen ascensos, aumentos y beneficios laborales.
Estamos regresando a los tiempos que van desde 1934, con el presidente Lázaro Cárdenas, hasta finales de los años 70 y principios de los 80, con José López Portillo, cuando afiliarse al PRI no era una decisión ideológica libre para los trabajadores del Estado, sino una condición implícita para conservar el empleo, ascender o acceder a prestaciones.
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Los trabajadores del Estado eran presionados para afiliarse al PRI y también eran obligados a participar en movilizaciones, mítines y, por supuesto, en la movilización electoral.
Hoy ocurre algo similar con gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa a millones de maestros en todo el país. Según informes recientes, en los últimos meses se ha afiliado a más de 1.2 millones de docentes, es decir, casi la mitad de sus agremiados, al partido en el poder.
Con esta misma lógica de acercar a los trabajadores estatales a Morena aparece la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), otro sindicato que en su momento brindó un respaldo absoluto al PRI.
También esa línea política ha sido tomada por el Sindicato de Ferrocarrileros, donde algunos de sus trabajadores están participando en eventos de apoyo a Morena. No se trata de decisiones individuales de los trabajadores, sino de alianzas políticas impulsadas por los líderes sindicales, los mismos que durante años apoyaron al PRI.
AHORA, GUINDAS
De acuerdo con reportes periodísticos, sólo en el primer año del actual Gobierno se sumaron al guinda el Congreso del Trabajo, el SNTE, la CROC, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
A cambio, muchos de estos líderes sindicales han obtenido espacios importantes en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Tal como ocurrió a partir de 1940 con Manuel Ávila Camacho y, de manera aún más clara con su sucesor, Miguel Alemán Valdés, el corporativismo se volvió más rígido y la afiliación al PRI era prácticamente obligatoria para los trabajadores del Estado.
Durante los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines (1952), Adolfo López Mateos (1958) y Gustavo Díaz Ordaz (1964), el sistema en el que los sindicatos de trabajadores del Estado apoyaban al gobierno del entonces partido hegemónico era una práctica común. Los sindicatos oficiales funcionaban como extensiones del partido y los centros de trabajo se convirtieron en espacios de control político: se pedía asistir a mítines, apoyar campañas y votar “correctamente”. Evidentemente, quienes no lo hacían sentían la presión.
Nada muy distinto a lo que está ocurriendo hoy.
Así transcurrieron también los años del presidente Luis Echeverría, a principios de los 70, y posteriormente con José López Portillo. El Estado seguía siendo el gran empleador y el PRI el intermediario obligatorio entre el trabajador y sus derechos.
Con Miguel de la Madrid, quien asumió la Presidencia en 1982, tras una brutal crisis económica, comenzaron a sentirse con mayor fuerza las presiones para un país más democrático. Los trabajadores del Estado empezaron a exigir su derecho al voto libre, y con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, la presión social fue tal que las reformas electorales modificaron el sistema de partido único y dieron paso a la alternancia.
Hoy, sin embargo, se busca regresar a lo mismo. Se plantea una nueva reforma electoral que será presentada el 1 de febrero de 2026, al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, y que desde ahora genera fuertes alertas. Se trata de una iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo, cuyas modificaciones podrían favorecer a las mayorías y debilitar la pluralidad democrática.
Esto se suma a la manera en que líderes sindicales presionan a sus trabajadores para apoyar al partido en el poder, un partido cuyos dirigentes buscan convertirlo en una fuerza hegemónica, algo muy parecido a regresar al PRI único que gobernó México durante décadas sin permitir oposición real.
Y es que desde Morena se busca llegar a las elecciones intermedias de 2027 con un número masivo de militantes, para arrasar en las urnas y consolidar un proyecto de partido hegemónico, cueste lo que cueste.
