En manos de la ministra María Estela Ríos se encuentra la manzana de la discordia entre las huestes capitalinas de Morena; en específico, la definición sobre si son legales las invasiones inmobiliarias o, por el contrario, los desalojos. Todo esto es parte del análisis respecto a la constitucionalidad del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX; la cual deberá definirse en el pleno de la Suprema Corte de Justicia durante las siguientes semanas.
Se trata de una discusión que proviene desde 2019, cuando los grupos que crecieron políticamente a través de las invasiones inmobiliarias, impulsaron el mencionado ordenamiento jurídico; en aquel momento con una redacción que imposibilitaba completamente los desalojos, incluso en aquellos casos que había fenómenos de “paracaidismo” y despojo.
En aquel momento, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, preocupada por la violación de los derechos de los propietarios y por el impacto económico que tendría la medida en el mercado de las rentas, influyó para que se modificara la redacción del artículo; de tal forma que se permitieran los desalojos inmobiliarios siempre y cuando existiera un mandato judicial. La ahora Presidenta mantiene su postura y ya la ha hecho saber a la Suprema Corte.
Sin embargo, el grupo de los radicales, actualmente con poder en el gobierno de la Ciudad de México, presiona para que se regrese a la redacción original. No es extraño si se considera que entre los principales apoyos de la nueva administración capitalina se encuentran históricamente grupos como la Asamblea de Barrios o la Unión Popular Benita Galeana, que se dedican a invadir inmuebles o predios abandonados, para después regularizarlos; esto sin verificar, por supuesto, si había algún propietario.
En este mismo sentido, el equipo de Clara Brugada, impulsa en el congreso local la iniciativa de Ley de Rentas Justas y Asequibles, con la que impondrán precios máximos en el mercado de las rentas y se limitará la participación de los ciudadanos en las plataformas de renta de corta estancia. El tema ya llamó también la atención de Claudia Sheinbaum, quien desde su conferencia mañanera solicitó otra vez que se tenga cuidado de no violar derechos de propietarios.
El asunto del artículo 60 debió discutirse por los ministros desde el miércoles de la semana pasada; pero, ante la pugna que éste genera en Morena, decidieron cortar por lo sano y reagendarlo.
PEDM’s: otro pacto para impulsar la inversión privada. Es un hecho indiscutible que el régimen no tiene dinero y le urge empujar la economía tras 7 años de estancamiento y subempleo crónicos… lo cual sólo puede lograrse con inversionistas privados de todo tamaño, varios de los cuales están convocados este miércoles al Museo Nacional de Antropología para lanzar los Proyectos bajo Esquema de Desarrollo Mixto (PEDM) que se compromete apoyar el Gobierno en curso.
Se sabe que se promoverán dos tipos de proyectos: por un lado, está el andamiaje de los Consejos Estatales de Fomento Económico (CEFM) la Secretaría de Economía, a través de la subsecretaría de Industria y Comercio, que conduce Vidal Llerenas, para empuje de Pymes regionales; por otro lado, están unos 30 PEDM, propuestos por los integrantes del nuevo Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza José Medina Mora.
¿Funcionará el plan para sacar de su marasmo la economía mexicana? Mañana les comento.
Casanova, ¿arrendamientos con moche? Hablando de licitaciones, en los pasillos gubernamentales se habla de la opacidad en el arrendamiento de vehículos, pues hay un nombre recurrente: Carlos Echenique Casanova. Todo parece indicar que el empresario diseñó un esquema para sortear las sanciones de la autoridad pues pese a que Casanova Vallejo fue inhabilitado entre 30 y 45 meses para contratos federales, Echenique habría participado en licitaciones mediante Casanova Rent Volks. Pero el historial de sospechas no termina ahí: en 2025, el grupo se vio envuelto en un escándalo por un presunto soborno de 6 millones de pesos a Arturo Serrano, entonces titular del OIC en la FGR, con el fin de asegurar un contrato multimillonario. Aunque el fiscal Alejandro Gertz Manero ordenó destituciones tras la aparición de videos comprometedores con Carlos Enrique Rascón Yrízar, la práctica del moche parece persistir, desafiando incluso a Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro.