La sanción anunciada por la Procuraduría Federal del Consumidor que encabeza Iván Escalante Ruíz, contra Ticketmaster, por más de cinco millones de pesos, derivada de las irregularidades detectadas en la preventa y venta de boletos para los conciertos de BTS en México, representa en los hechos una multa de alcance limitado frente a la dimensión económica del mercado de espectáculos y al volumen de ingresos que generan este tipo de eventos.
Aunque la autoridad notificó formalmente el procedimiento y otorgó a la empresa un plazo de 10 días hábiles, hasta el 12 de febrero, para responder y presentar pruebas, el impacto financiero de la sanción resulta marginal si se compara con los precios observados en la reventa, donde algunos boletos llegaron a ofrecerse por arriba de los 119 mil pesos. La atención del regulador ahora se ha desplazado también hacia las plataformas de reventa como Viagogo, StubHub y Hellotickets, a las que se les emitieron exhortos para ajustarse a la legislación mexicana y corregir prácticas consideradas desleales, bajo la advertencia de iniciar acciones legales y administrativas que incluso podrían derivar en restricciones de operación. Pero también no espere mucho usted, porque lo interesante es bajar a estas empresas del ciberespacio hasta no tener la claridad de su forma de operación y de no permitirles la elevación del costo de venta para combatir la reventa. Al menos esta propuesta ya se les ha hecho a la Profeco de hoy y a la del anterior sexenio, entre otras.
Y sobre la regulación de mercado, el fondo del problema no radica únicamente en sanciones administrativas puntuales, sino en la ausencia de un marco claro que ordene la reventa de boletos sin eliminarla por completo. Una solución estructural pasaría por permitir la operación de estas plataformas, pero bajo reglas que limiten el porcentaje de boletos que pueden ser revendidos y establezcan topes claros sobre el incremento de precio respecto al valor original, desincentivando la especulación extrema sin afectar al consumidor final ni al ecosistema de espectáculos. Regular la reventa con límites cuantificables y mecanismos de supervisión efectivos permitiría mayor transparencia, protegería al público de abusos y enviaría señales más contundentes al mercado que una multa aislada, que hoy luce más simbólica que correctiva frente a un negocio que sigue operando con amplios márgenes y escasos contrapesos.
Profeco anunció la creación de lineamientos específicos para regular la publicidad, información y venta de entradas para conciertos, festivales y espectáculos, veremos qué impacto tienen y su alcance. Estos lineamientos se elaboran junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y se prevé su publicación en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas. Entre las medidas contempladas destaca la obligación de informar con al menos 24 horas de antelación los precios finales, cargos incluidos y mapas de localidades, buscando evitar prácticas como las tarifas dinámicas o la falta de claridad para el consumidor. Y dentro de todo esto la complicidad de ejecutivos, y autoridades, que están involucrados en esto que hoy funciona mal.
En Estados Unidos, el caso sobre Live Nation y Ticketmaster continúa avanzando y se ha convertido en uno de los frentes regulatorios más relevantes para la industria del entretenimiento en vivo. La demanda impulsada por la Federal Trade Commission, a la que se han sumado fiscales generales estatales, mantiene bajo indagatoria el modelo de integración vertical que combina la promoción de conciertos, la operación de recintos y la venta de boletos en una misma estructura corporativa. Las audiencias en el Senado, como la reciente comparecencia de Kid Rock, han reforzado los dichos de que el sistema actual ha concentrado poder de mercado, limitado la competencia y trasladado costos crecientes al consumidor a través de comisiones opacas, prácticas de exclusividad y un mercado secundario poco regulado, lo que ha elevado la presión política para introducir cambios estructurales y de transparencia.
El desarrollo de este caso podría redefinir las reglas del sector si prosperan las propuestas legislativas que hoy están sobre la mesa. Iniciativas como la TICKET Act, que busca obligar a mostrar el precio total de las entradas desde el inicio del proceso de compra, y la MAIN Event Ticketing Act, que fortalecería la supervisión federal sobre el uso de bots y otras prácticas abusivas, apuntan a modificar de forma directa la experiencia del consumidor y los márgenes de intermediación. De avanzar estas reformas o de derivar la demanda de la FTC en sanciones más severas o ajustes estructurales, el impacto se extendería a promotores, recintos, artistas y plataformas tecnológicas, sentando un precedente que podría influir en otros mercados, incluido el mexicano, donde la discusión sobre la regulación de la reventa y la transparencia en la venta de boletos sigue ganando terreno, y a todo esto lo engorroso que puede ser la facturación de sus innumerables comisiones que le cobran a usted.
Resultado Sheinbaum. El reciente encuentro entre autoridades de Acapulco y representantes de la Embajada de Japón en México es más que un gesto diplomático. Para un destino que busca consolidar su recuperación turística, este tipo de vínculos institucionales envía señales relevantes hacia el exterior. La visita de la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón y el diálogo posterior con autoridades colocan a Acapulco nuevamente en un radar internacional que valora la estabilidad, la coordinación y la hospitalidad. Esto sin duda no sería posible sin el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Evelyn Salgado. Además, el recordatorio del vínculo histórico entre México y Japón, que data de 1614, aporta una narrativa de largo aliento que fortalece la identidad del puerto como punto de encuentro entre culturas. No hay duda de que estos intercambios discretos pero constantes construyen confianza y reputación.