Esta semana España encendió una conversación que tarde o temprano iba a alcanzarnos: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, como parte de un paquete de medidas para reducir los daños psicológicos y sociales asociados al uso temprano e intensivo de plataformas digitales.
Para muchos es el reconocimiento de que el Estado dejó a niñas, niños y adolescentes solos, frente a plataformas diseñadas para capturar atención, explotar vulnerabilidades emocionales y normalizar la exposición constante.
Principalmente Australia, Francia y Portugal, como otros países de la Unión Europea, han comenzado a endurecer normas porque a los daños los sustentan datos clínicos, judiciales y sociales.
De este lado del océano, algunos nos preguntamos ¿por qué México sigue haciendo este mismo debate a un lado, si el problema está igualmente identificado y es clara-
mente grave?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024 del IFT, nueve de cada 10 niños y niñas tienen acceso a Internet, de los cuales el 74% utiliza alguna red social.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que el uso de redes sociales entre menores pasó de 39% en 2017 a 69% en 2022, mientras el Inegi estima que 95% de los adolescentes de 12 a 17 años usan Internet, con un promedio superior a cuatro horas diarias.
Estamos hablando de una hiperconectividad sin protección, alfabetización digital ni sistemas de contención. El riesgo es latente y las cifras lo confirman:
Más de 2.9 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años han sido víctimas de ciberacoso, lo que representa 22.6% de los menores usuarios de internet (Redim).
El reclutamiento de menores por el crimen organizado a través de redes sociales ha sido ampliamente documentado, y el caso más reciente y sonado ocurrió en Jalisco, donde tres adolescentes fueron enganchados por un grupo criminal en la red social TikTok, con una falsa oferta laboral.
Los menores fueron llevados a Zacatecas y de ahí a Sinaloa, donde fueron privados de la libertad en un sitio de entrenamiento delictivo, del que milagrosamente lograron escapar.
Organizaciones como Reinserta han advertido sobre las redes sociales como una herramienta poderosa de captación, especialmente en contextos de precariedad y ausencia del Estado.
Fiscalías estatales han documentado delitos de grooming, difusión de material íntimo y amenazas contra menores a partir de interacciones en redes sociales.
En varios expedientes los agresores declaran que nunca conocieron físicamente a las víctimas antes de cometer el delito, porque el entorno digital fue suficiente.
Entonces, ante los hechos es inexplicable que México siga sin una política nacional de seguridad digital para la infancia.
Si bien el Congreso ha rozado el tema con algunos ajustes a la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas para lograr un “Internet libre de violencia”, no se habla claramente de las obligaciones de las plataformas o de la creación de sistemas de supervisión.
El discurso se vuelve a quedar en la promesa “cosmética” sin plantear acciones concretas.
En octubre pasado el PVEM presentó otra iniciativa que sí contempla sanciones a plataformas y edad mínima establecida para el uso de redes sociales, pero hasta el momento es sólo una iniciativa.
La experiencia internacional nos muestra que la prohibición no resuelve el problema, pero abordar el tema de frente sí cambia el marco.
Australia avanzó en verificación de edad; Francia vinculó el acceso a consentimiento parental y España ahora pone sobre la mesa la salud mental como asunto
de Estado.
En todos los casos, el mensaje es el mismo: la infancia no puede seguir siendo un mercado sin reglas, cuando se trata del futuro de la sociedad.
En México cada familia se las arregla como puede. La realidad social del país con jornadas laborales interminables en sectores vulnerables, escuelas saturadas, ausencia de servicios de salud mental y la normalización —que todos hemos construido— del uso de pantallas como sustituto de acompañamiento, es el camino perfectamente allanado para la delincuencia.
Endurecer el enfoque no significa censurar a los menores ni negarles la tecnología a la que por derecho deben tener acceso. Significa reconocer que no están en igualdad de condiciones frente a sistemas diseñados para manipular conducta, emoción y atención.
Significa legislar con base en evidencia, no en ocurrencias. Significa asumir que la protección de la infancia digital ya es una obligación pública, no un asunto privado.