La estabilidad macroeconómica depende, en buena medida, de la capacidad del Estado para avanzar en la consolidación fiscal: reducir el déficit y estabilizar la trayectoria de la deuda pública como proporción del PIB. El año pasado se registraron avances en esa dirección, aunque el resultado final mostró desviaciones respecto a lo programado.
Originalmente, el Paquete Económico contemplaba un déficit amplio —Requerimientos Financieros del Sector Público— equivalente a 3.9% del PIB. En abril, la estimación se ajustó a 4.3% y, finalmente, el cierre reportado por la Secretaría de Hacienda se ubicó en 4.8%. Es decir, el déficit terminó siendo mayor al previsto, reflejo de presiones tanto por el lado del gasto como de los ingresos.
Desde la óptica del gasto, hubo un esfuerzo de contención. El gasto total cayó 1.8% en términos reales respecto al año previo, mientras que el gasto programable —aquel directamente vinculado a la operación gubernamental y a la provisión de bienes y servicios públicos— se redujo 4.8% real. Destacan los ajustes en inversión física (-28.4%) y en gasto de capital (-20.6%), rubros típicamente utilizados como variable de ajuste en procesos de consolidación. En contraste, el gasto en protección social y educación registró incrementos, preservando prioridades distributivas.
Sin embargo, el componente no programable —que incluye participaciones y costo financiero principalmente— aumentó 6.3% real. Así, el gasto presupuestario total superó en 114.3 mil millones de pesos lo originalmente aprobado, lo que contribuyó a ampliar el déficit.
A ello se sumaron erogaciones fuera de presupuesto. En particular, se destinaron 192 mil millones de pesos en apoyos a Pemex para el pago a proveedores. Aunque parte de ese monto fue compensado con ajustes extrapresupuestarios, el efecto neto fue un incremento de 89.7 mil millones de pesos adicionales respecto a lo estimado, impactando directamente el balance fiscal.
Cabe notar que durante el último trimestre del año se observó un impulso significativo del gasto público, especialmente del programable. Esta expansión ayudó a apuntalar la actividad económica hacia un crecimiento de 1.6% en un entorno internacional adverso; no obstante, implicó un costo en términos de disciplina fiscal.
Por el lado de los ingresos, el desempeño fue mixto. Los ingresos totales crecieron 2.5% real anual, pero se ubicaron 80.7 mil millones de pesos por debajo de la meta presupuestada. La recaudación tributaria mostró solidez, con un aumento de 4.1% real, impulsado por mejoras en la eficiencia recaudatoria del ISR y del IVA, así como por un crecimiento de 21.4% en los impuestos a la importación derivado de una mayor fiscalización aduanera.
En contraste, los ingresos petroleros disminuyeron 2.7% real, afectados por menores precios de la mezcla mexicana y una reducción en la plataforma de producción. Si bien recursos extraordinarios —como el remanente de operación del Banco de México y transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo— atenuaron parcialmente el impacto, no lograron compensar por completo la debilidad estructural del sector.
El resultado combinado fue un déficit mayor al programado y, en consecuencia, un incremento en la deuda pública amplia (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público), que cerró en 53.2% del PIB, 0.8 puntos porcentuales por encima de lo proyectado y superior al 52% registrado el año previo.
En suma, los resultados no desvirtúan el esfuerzo de consolidación fiscal, pero sí evidencian su fragilidad frente a presiones estructurales —particularmente las asociadas a Pemex— y a decisiones de política económica orientadas a sostener el crecimiento en el corto plazo. La estabilización de la deuda requerirá, por tanto, no sólo disciplina en el gasto, sino también un entorno de mayor crecimiento potencial y una base de ingresos menos dependiente del ciclo petrolero.