La política mexicana ha sido históricamente un teatro actuado por abogados, donde el derecho no siempre sirve a la justicia, sino al poder, que bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esta dinámica alcanzó una sofisticación inquietante.
A través de una tríada de figuras clave —Julio Scherer Ibarra, Alejandro Gertz Manero y Arturo Zaldívar— se tejió una red donde la ley fue utilizada como mazo, escudo y moneda de cambio.
Si aceptamos el adagio “dime quién es tu abogado y te diré quién eres”, la radiografía del obradorismo revela un rostro de autoritarismo jurídico y pragmatismo amoral. La relación de estos personajes con el Ejecutivo no fue la de asesores técnicos, sino la de operadores de una maquinaria diseñada para doblegar instituciones. Cada uno desempeñó un rol específico en esta coreografía de poder.
Julio Scherer Ibarra, como consejero jurídico de la Presidencia, no sólo redactaba decretos, era el puente con el Poder Judicial y el sector empresarial. Su poder radicaba en la “gestión” de expedientes y la influencia directa sobre jueces y magistrados. Su salida del gabinete, entre rumores de extorsión y conflictos de interés, dejó al descubierto una red de despachos vinculados que, presuntamente, vendían justicia a cambio de lealtad política o beneficios económicos. Ahora, con la publicación de su libro parece querer cambiar esa historia.
Alejandro Gertz Manero, al frente de una Fiscalía General de la República (FGR) supuestamente autónoma, convirtió la institución en un instrumento de venganzas personales y persecución política. Su gestión validó la premisa de AMLO: “para los amigos, gracia y justicia; para los enemigos, el peso de la ley”.
Arturo Zaldívar, quizás el caso más dramático de erosión institucional. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), transitó de ser un jurista progresista a un aliado incondicional del Ejecutivo. Su complacencia permitió que reformas flagrantemente inconstitucionales permanecieran “congeladas” o fueran validadas mediante piruetas retóricas, culminando en su renuncia anticipada para sumarse abiertamente a la campaña del partido en el poder, destruyendo la apariencia de imparcialidad del máximo tribunal y pervirtiendo el Estado de derecho.
Esta relación no fue simplemente una colaboración política, sino una perversión funcional. Mientras el presidente atacaba diariamente a los jueces que no se plegaban a su voluntad, sus “abogados” operaban desde dentro para neutralizar cualquier contrapeso. La ley dejó de ser una norma general para convertirse en un traje a medida de la voluntad presidencial.
El uso de la justicia con fines electorales y la protección de la corrupción interna bajo el manto de la “lealtad” crearon un ecosistema donde la culpabilidad o inocencia dependía de la cercanía con Palacio Nacional. Esta tríada simboliza el uso del derecho como una herramienta de control social y político, donde la verdad jurídica es subordinada a la narrativa del líder, quien convenció a los tres abogados de defender supuestamente su lucha; sin embargo, en la oscuridad cada uno de ellos trabajaba para sus propios intereses.
Bajo la premisa: “dime quién es tu abogado y te diré quién eres”, AMLO eligió a un operador de influencias, a un fiscal con agenda de vendetta y a un juez que canjeó la toga por el proselitismo. El resultado es un país donde la seguridad jurídica es un mito y las instituciones de justicia han sido profundamente heridas. La relación entre AMLO y sus tres pilares legales no fue un servicio a la nación, sino un pacto de supervivencia y expansión para concentrar el poder.