En los últimos años, las izquierdas han demostrado una notable capacidad para leer el ánimo social mexicano.
Desde finales de 2016, Morena logró convertirse en catalizador del descontento frente al establishment, al delimitar con claridad a sus adversarios: “las cúpulas del poder económico y político” y “las burocracias corruptas de los partidos”. A través del “Acuerdo político por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México”, integró miles de pequeñas fracciones militantes de prácticamente todos los partidos a lo largo del país en torno a la candidatura de López Obrador. Aquella articulación terminó por derrumbar el sistema transicional mexicano.
La promesa fue clara y pragmática: derribar una élite para sustituirla por otra nueva, integrada por quienes se encontraban en medio o excluidos de la antigua estructura de poder. Una renovación de élites al mando del Estado. El instrumento sería combatir la corrupción, abolir la impunidad, ejercer austeridad y establecer una “auténtica democracia” que condujera al “bienestar material” y “del alma”, a la “felicidad de todos”.
Placean a Colosio en Sonora
Diez años después de aquel acuerdo político que abrió la puerta al obradorismo, no hay duda de que el régimen cumplió la primera parte de su oferta: la renovación de élites y de mandos medios. El aparato del Estado mexicano ha sido profundamente reconfigurado y hoy existe una concentración creciente del poder. Sin embargo, no logró materializar su promesa en materia de corrupción, impunidad, fortalecimiento democrático ni felicidad compartida.
Los indicadores internacionales son consistentes. Variedades de la Democracia (V-Dem), de la Universidad de Gothenburg, muestra un retroceso sustantivo en la calidad democrática del país: debilitamiento de contrapesos, erosión de la independencia judicial y fragilidad del Estado de derecho. Al mismo tiempo, la violencia política ha alcanzado niveles alarmantes, similares al periodo previo a la Revolución mexicana.
En materia de corrupción, Transparencia Internacional ubica a México en una trayectoria descendente en su Índice de Percepción de Corrupción, con señalamientos que involucran violaciones a derechos humanos, daños ambientales y baja recuperación de activos. Freedom House describe al país con menor pluralismo y menor autonomía entre poderes. Y el Índice Democrático de The Economist lo ha reclasificado de “democracia imperfecta” a “régimen híbrido”.
En el terreno social, el Gobierno ha impulsado una redistribución de ingresos mediante programas sociales que han tenido impacto en la desigualdad. Sin embargo, en el ámbito productivo, la informalidad laboral se ha expandido y el dinamismo económico se ha estancado. El Reporte Mundial de Felicidad, coordinado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, indica que los niveles de bienestar subjetivo de los mexicanos no son superiores a los registrados en 2015.
Está ampliamente documentado que el populismo es eficaz para canalizar demandas de cambio radical desde la oposición, pero enfrenta mayores tensiones cuando debe institucionalizar esas demandas desde el Gobierno. En 2018, el voto ciudadano otorgó un mandato amplio para desmontar las cúpulas del periodo transicional. Pero ese mandato no incluía desmontar la democracia.
Ahí está el punto central.
El Latinobarómetro ofrece una señal reveladora. Si entre 2015 y 2016 se registró uno de los niveles más bajos de apoyo a la democracia como sistema, en los últimos años el respaldo ciudadano al régimen democrático ha alcanzado sus niveles más altos del milenio. Es decir, los mexicanos rechazaron a las élites transicionales, pero no al sistema democrático.
Tampoco es casual que en los últimos meses diversas mediciones en vivienda registren un ajuste en el respaldo electoral al oficialismo. Lorena Becerra documenta una caída de nueve puntos para Morena; Buendía & Márquez registra una disminución de once. El partido gobernante sigue siendo mayoritario, pero su margen de mando absoluto se estrecha, con lo que se abre la posibilidad de una etapa menos radical y más competitiva.
Quizá por eso la nueva élite, pese a sus intentos sucesivos —ampliación de mandato, planes A, B y C— no ha logrado consolidar el consenso necesario para cerrar el ciclo de reformas electorales con sesgo autocrático. La razón es sencilla: no cuenta con mandato popular para desmantelar el orden democrático.
El mandato fue para renovar élites y combatir abusos.
No para sustituir la pluralidad por hegemonía.
La diferencia es sustantiva.
