Un adolescente de 15 años entró a la escuela Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, y mató a tiros a dos maestras, María del Rosario y Tatiana, de 36 y 37 años. Horas antes había subido a redes un video con un fusil AR-15 y el mensaje “Hoy es el día”.
Mismas redes sociales en las que consumía contenido asociado al universo incel, esa subcultura digital que transforma el resentimiento masculino en identidad y, en sus formas más extremas, en la justificación abierta para ejercer violencia contra las mujeres.
Es claro que entre la publicación del video y los disparos hubo algo más que una decisión individual: la radicalización digital, el acceso a armas, señales no atendidas y una ausencia total de contención institucional.
El componente digital es crucial en un país como México, donde el 91.5% de las personas usuarias de Internet dice usarlo para acceder a redes sociales, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Inegi (2023).
En 2024, 21% de la población usuaria de Internet de 12 años y más, reportó haber vivido ciberacoso; entre los hombres de 12 a 19 años, la proporción fue de 22.9%, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso del propio Inegi.
Es el mapa del ecosistema donde adolescentes pasan horas conectados en un entorno que amplifica la hostilidad, el aislamiento y contenidos cada vez más agresivos.
Y no es que todos los adolescentes vayan a empatizar con la cultura incel, pero el lenguaje que incluye burlas, resentimiento y deshumanización de las mujeres, circula ya con demasiada normalidad en redes sociales. Es parte del ruido cotidiano.
No es casualidad que esta misma semana, un jurado en Los Ángeles, California, haya encontrado a Meta y Google —y el diseño de sus plataformas— responsables por daños relacionados con adicción en menores de edad.
Claramente eso no alcanza a explicar el caso mexicano, pero sí rompe con la idea cómoda de que las plataformas son neutrales. No lo son. Y el caso de Michoacán obliga a explorar con mayor profundidad el estado de la salud mental en los menores.
Un informe ejecutivo de Save the Children México, señala que en 2024 casi 145 mil niñas, niños y adolescentes buscaron atención de salud mental, y 8 de cada 10 casos estuvieron relacionados con ansiedad, trastornos de conducta y depresión. Son datos que no pueden separarse de actos de violencia.
México cuenta con manuales, guías y lenguaje institucional sobre prevención en programas de la Secretaría de Educación Pública, pero claramente son poco o nada efectivos.
Los hechos confirman que la teoría no alcanza para una protección efectiva de la estabilidad emocional en jóvenes que viven en entornos altamente vulnerables.
Tras lo ocurrido en Lázaro Cárdenas, surgió una iniciativa en el Congreso local para sancionar a padres o tutores, y desde el Gobierno federal, un nuevo programa de salud mental en escuelas. Pero llegan después de la tragedia, siempre después…
Y seguimos reaccionando como si cada episodio violento, cuyo protagonista es un adolescente, fuera una rareza imposible de prever y no lo es, porque México ya ha conocido esta clase de horror otras veces:
2020, Torreón, Coahuila, un alumno de sólo 11 años abrió fuego en un colegio, matando a una maestra, hiriendo a varias personas más y quitándose la vida después.
2017, Monterrey, Nuevo León, un adolescente de 15 años disparó contra sus compañeros y una maestra.
2025, Ciudad de México, un estudiante del CCH Sur, que también se identificaba como parte de la comunidad incel, asesinó a otro joven dentro del plantel.
No todos esos casos nacieron de la misma raíz, pero el patrón empieza a replicarse:
jóvenes varones, aislamiento, consumo intensivo de contenido digital y, cada vez con mayor frecuencia, narrativas de odio dirigidas específicamente contra las mujeres.
Reducir todo a la etiqueta incel es limitado, pero ignorarla es aún más irresponsable, porque hoy no hablamos de foros aislados, sino de una narrativa que ya permea redes sociales, aulas y conversaciones cotidianas.
La ideología del odio no mata sola, pero sí prepara el terreno, que se vuelve más fértil para los ataques letales cuando una sociedad es tan irresponsable como para seguir considerando la salud mental adolescente como un problema secundario.
Lo de Michoacán fue mucho más que un doble asesinato. Es casi el castigo por llegar tarde, una vez más, a atender —y entender— esas heridas psicológicas que encuentran en la violencia su anestesia emocional.
Sobre aviso no hay engaño. ¿Cuántas vidas más nos va a costar este retraso?…