Los desastres provocados por la naturaleza suelen ser inevitables: inundaciones, incendios, huracanes, tsunamis o terremotos son fenómenos naturales que se presentan cotidianamente.
El cambio climático ha aportado su dosis al recrudecimiento de algunos de esos fenómenos. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, los gobiernos pueden y deben tomar las previsiones necesarias, a través de políticas públicas y acciones de prevención y atención inmediata.
En este contexto, resulta particularmente grave el derrame petrolero en el Golfo de México, que entra ya en la cuarta semana. Un desastre que no tiene nada de natural.
Como es el sello de la casa (el Tren Interoceánico, la Línea 12 del Metro, Dos Bocas, por citar rápidamente algunos ejemplos), al darse a conocer las primeras evidencias del derrame, la reacción fue la que se ha normalizado: minimizar el hecho, hurgar en el pasado para encontrar culpables, generar distractores o cualquiera otra estrategia con tal de no asumir la responsabilidad.
Ante la catástrofe ecológica frente a las costas de Tabasco y Veracruz y la ausencia de una narrativa creíble y congruente por parte del Gobierno, cobran relevancia los hallazgos presentados por organizaciones ambientalistas, que recuperan evidencias y testimonios de pobladores de las regiones afectadas. Entre ellos, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y Greenpeace México, que señalan que la mancha del derrame “sigue expandiéndose con impactos severos en los ecosistemas y comunidades de las diversas zonas afectadas”. Cifras actualizadas señalan que ya rebasa los 900 kilómetros. Veremos si no se convierte en un problema más con el vecino país del norte.
Si bien no existe una fecha adecuada para las malas noticias, hay coyunturas que las hacen peores. La Semana Santa de 2026 será recordada por esta catástrofe ecológica y la grave afectación económica causada a las poblaciones que ven en esta temporada uno de los mejores ciclos anuales para obtener beneficios económicos por la actividad turística.
Más allá de que la tragedia ambiental es en sí misma muy lamentable, en mucho la agrava que al día de hoy no haya precisión sobre los hechos que la causaron. La opacidad en la información, las versiones contradictorias, la necesidad de minimizar y la falta de reflejos para atender la catástrofe con la responsabilidad y severidad debidas, dan lugar a todo tipo de especulaciones. La tardía (francamente ya era imprescindible) conferencia de los titulares de las dependencias involucradas dejó la sensación de que el problema sigue sin dimensionarse adecuadamente, que no hay capacidad para solucionarlo a la brevedad y que los apoyos a los afectados son pírricos e insuficientes.
La falta de transferencia y la ligereza ante la tragedia ambiental señalan objetivos de impostergable atención: la anulación de cualquier posibilidad de filtración de hidrocarburos y, desde luego, el combate frontal a la incidencia de transporte y descargas ilegales de contrabando de petróleo, una más de las ramificaciones del crimen organizado a través del “huachicol fiscal”.
El siniestro pone en evidencia el fracaso del Estado mexicano en el mantenimiento de instalaciones estratégicas, con consecuencias ambientales fatídicas, como la que estamos presenciando; y, como en casos anteriores, la incapacidad de realizar, desde el inicio, una investigación seria y creíble de los hechos, para que no queden —como otras tantas tragedias— en la impunidad o, si acaso, meramente en achacar la responsabilidad a un chivo expiatorio.
Pareciera, pues, que es la punta de un iceberg de chapopote, cuyas consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que hasta ahora se sabe.