El comercio ilícito de productos relacionados con tabaco ha crecido exponencialmente en México en el último año, con casi 3 de cada 10 de los cigarrillos consumidos en nuestro país distribuidos de manera ilegal.
No se trata únicamente de un problema de consumo o de salud pública, sino de un fenómeno que impacta directamente la seguridad pública y la recaudación fiscal del Estado mexicano. Cifras de la industria señalan que esta actividad ilícita creció de 8.5% en 2017, a 28.4% en 2025, es decir, se triplicó con la llegada de las administraciones morenistas. Este crecimiento no es espontáneo ni marginal, sino consistente con la expansión de economías ilícitas controladas por organizaciones criminales, quienes intervienen directamente en el contrabando y distribución ilegal de cigarrillos extranjeros en el territorio nacional y en la producción nacional de cigarrillos que no se encuentran regulados por las autoridades sanitarias.
Por otro lado, en nada han contribuido decisiones como la prohibición de la producción, distribución y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, pues el efecto usual de prohibir —en vez de regular— es la consecuente creación de mercados negros de venta y consumo, que usualmente pasan al control del crimen organizado como actividades ilícitas altamente redituables, lo que implica, en los hechos, la renuncia del Estado a regular y controlar ese mercado. A ello se suma la imposibilidad para las autoridades sanitarias de tener injerencia sobre la calidad y procedencia de lo que se comercia.
El queda bien
También hay que agregar la desventaja competitiva en la que quedan las marcas legales, pues las cajetillas ilícitas pueden ofrecerse a precios que oscilan entre 15 y 35 pesos, frente a los más de 100 pesos en los que actualmente se comercializan las principales marcas de cigarros, margen que sólo es posible obtener por la evasión total de impuestos, controles sanitarios y obligaciones regulatorias.
Es así como los cárteles han encontrado un nicho millonario en esta actividad, la cual —tan sólo en términos del IEPS no recaudado por las autoridades fiscales— los ha convertido en los beneficiaros directos de, al menos, 118 mil millones de pesos en los últimos siete años, recursos que, en lugar de fortalecer las finanzas públicas, han terminado financiando estructuras criminales. Lo más alarmante es que —de acuerdo con estudios realizados por el Colegio de México— se ha documentado que los mecanismos de distribución que utilizan las organizaciones criminales —además del mercado informal, claro está– también incluyen medios legales, lo que evidencia una penetración directa del mercado ilícito en canales formales de comercio. Esto lo logran a través de establecimientos de su propiedad —que además contribuyen al blanqueo de activos— y, más grave aún, por medio de coacción a comercios legales para sustituir marcas legítimas por productos ilícitos, con lo que tanto comerciantes como consumidores quedan en absoluta vulnerabilidad.
Se trata, pues, de un grave problema de ausencia de Estado de derecho, seguridad pública, recaudación fiscal y salud pública, en donde los consumidores absorben buena parte de los costos, con consecuencias que, a su vez, se trasladan a las precarias instituciones sanitarias de nuestro país.
