La delincuencia organizada es en buena medida la responsable de la desaparición de personas.
No es una exageración cuando se dice que muchas partes del país están materialmente llenas de fosas clandestinas. Si no fuera así, no recorrerían los colectivos de madres buscadoras buena parte del país.
El Gobierno está haciendo un esfuerzo real por tratar de tener un panorama lo más cercano a lo que padecen miles de familias en el país. Sin embargo, se cruza en el camino una tendencia que ha sido una constante en los últimos años, minimizar y responsabilizar de temas tan delicados como éste al pasado.
Apóstoles de Morena
Una cosa es buscar elementos para poder conocer lo que está pasando y otra, señalar que los grandes problemas han sido atemperados en lo que va de los dos últimos sexenios, lo cual termina por buscar una narrativa de que las cosas son diferentes, más que lo sean.
En el sexenio pasado no hubo diálogo ni cercanía con los colectivos de madres buscadoras. Más bien fueron señaladas de manera oprobiosa, lo que provocó que se produjera una distancia, que de alguna manera ha podido atemperar el actual gobierno.
Para López Obrador y muchos de los suyos las madres buscadoras eran parte de una crítica al gobierno. Recordemos que a las movilizaciones de padres y madres de niños con cáncer se les señaló como golpistas y movimientos de la derecha.
Quien lo hizo, lo tenemos premiado en Europa, sin que sepamos bien a bien qué hace. Las protestas de padres y madres eran más que justificadas, porque no había medicinas. Es por ello por lo que se organizaron muchas ONG, las mismas que hoy desaparecieron por decreto.
La desaparición forzada es parte de la vida del país. El problema pasa por cómo la delincuencia organizada y los gobiernos locales actúan, ya sea secuestrando jóvenes para integrarlos a los cárteles, o atacando en contra de críticos de la actividad gubernamental.
La gran cantidad de periodistas intimidados, agredidos, asesinados y desaparecidos forma parte de este oprobioso fenómeno. Estamos ante un todo que, además, incluye a defensores de derechos humanos y mujeres perseguidas y agredidas.
La tasa de feminicidios ha crecido de manera alarmante. Se han creado leyes para tratar de frenar la agresión y asesinatos contra las mujeres. Sin duda, hay una toma de conciencia cada vez mayor, pero el problema va a terminar en la instrumentación de las nuevas disposiciones legales.
La ONU presentó un informe sobre las desapariciones en México en donde señala su abierta preocupación por lo que está pasando. No es una declaración menor. Detrás de ella está un proceso de investigación de varios años, lo que incluye los últimos siete. Era previsible que el gobierno mexicano lo rechazara, asegura que es “tendencioso” y “sesgado”.
La respuesta de diferentes organizaciones de derechos humanos a la respuesta del gobierno puede abrir espacios a un profundo debate, siempre que haya voluntad política y convicción y se actúe en favor de las víctimas y sus familiares, quienes parece que son quienes menos importan.
Las ONG piden a las autoridades que “abandonen la actitud defensiva y reconozcan la magnitud de la crisis que el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) ha elevado a la asamblea general de la ONU; que acepte la asistencia técnica internacional propuesta, reconociendo que las capacidades nacionales han sido superadas; y que establezca un diálogo genuino con las familias, colectivos de organizaciones de derechos humanos, para generar estrategias y atender la desaparición de personas en México”.
Es evidente el gran problema en materia de desaparición forzada. Para resolverlo se requiere de todos, dentro y fuera del país y, sobre todo, no minimizar las cosas.
RESQUICIOS.
De nuevo Trump ha puesto un límite a la guerra, en dos o tres semanas. No se ve que pueda cumplir. Pone un límite, porque a la vuelta de la esquina están las elecciones y su popularidad va a la baja y sólo un 26% está a favor de la guerra.
