El Gobierno ve el informe de la ONU como una afrenta, más que como una opinión y análisis, con base en una profunda investigación, que podría ayudarle a resolver un problema complejo, doloroso y agudo que no hemos podido solventar.
La respuesta oficial, donde ya se debe incluir a la CNDH, parte de hacer a un lado la responsabilidad del Gobierno anterior y actual. La 4T quiere hacer ver que las cosas cambiaron en automático a su llegada.
Ciertamente tenemos muchos problemas de tiempo atrás que recaen en los gobiernos anteriores a la 4T, pero a partir de que las cosas han cambiado diametralmente la terca realidad muestra lo contrario.
La violencia y la inseguridad son parte de la vida de nuestro país. La estrategia de abrazos, no balazos lo que hizo fue dejar muchas cosas al garete, más allá de la muy lamentable pérdida de tiempo para aplicar políticas que pudieran ir con toda severidad, con base en la fuerza del Estado, en contra de la delincuencia organizada.
De manera directa o indirecta las políticas de los gobiernos de las últimas dos décadas han tenido responsabilidad en la desaparición de personas. Cuando se habla de la gran cantidad de fosas clandestinas en el país, las responsabilidades recaen en diferentes instancias de la gobernabilidad.
Una de las vertientes del problema tiene que ver con lo que los gobiernos estatales y federal hacían y hacen mientras todo esto sucede. No hay una política pública con base en los servicios de inteligencia que pudiera conocer todo lo que hay detrás de las desapariciones.
En el caso del rancho Izaguirre, quien era fiscal trató de minimizar las cosas. Aseguró en una mañanera que él mismo se presentaría en el rancho acompañando a la prensa. No se presentó, pero aseguró que el rancho no era un centro de exterminio a lo que se suma que los colectivos nunca pudieron revisar los más de 400 pares de zapatos que se encontraron en el lugar, y tampoco se consideró el entorno del rancho en donde algunos padres y madres de familia tenían información de que había fosas clandestinas.
En los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, ciertamente muchos de los problemas con la desaparición forzada se agudizaron. Las promesas de campaña de López Obrador auguraron la posibilidad de encontrar caminos de solución para las familias.
Está muy contada esta historia, pero vale la pena recordar que el expresidente no se reunió en ninguna ocasión con los colectivos, más bien los señaló, a pesar de que cuando recibió a las Madres de la Plaza de Mayo, de Argentina, le plantearon la importancia de que se reuniera con ellos.
El problema de la desaparición forzada es para quien gobierna sin importar la herencia que les dejen. Sin embargo, asumir que las cosas han cambiado topa de frente con la terca realidad y con la vida de mucha gente, la cual, como se ha venido insistiendo una y otra vez, es la vida de personas más que números.
El informe de la ONU plantea que se ha visto un patrón con relación a la desaparición forzada, por lo cual ofrece el informe y todo lo que pueda hacer para atacar el problema. No se está acusando directamente a nadie, lo que hace es investigar, revisar y analizar seriamente lo que pasa.
El problema que viene es que se va a buscar desacreditar el informe en lugar de buscar formas de entendimiento que ayuden a seguir trabajando con los colectivos en función de la desaparición forzada.
Brenda Valenzuela, quien tiene a su hijo Carlos Emilio desaparecido, escribió en su cuenta que el informe “significa que hay un patrón, que hay miles de familias viviendo este mismo infierno, y que el Estado tiene responsabilidad… no sólo cuando participa, sino cuando no hace lo suficiente, cuando no busca, cuando no investiga y cuando nos deja solas”.
RESQUICIOS.
Ceci Flores por fin encontró a uno de sus hijos, Marco Antonio. Ahora va a poner todo su “esfuerzo” en la búsqueda de su otro hijo desaparecido, Alejandro. “Se acabó la esperanza y empezó el verdadero dolor”.