Hay crisis que un Estado ya no puede resolver solo. Y el verdadero problema empieza cuando, aun así, se niega a admitirlo e incluso rechaza ayuda.
Guatemala, por ejemplo, llegó al siglo XXI con un Estado demasiado débil para desmantelar por sí solo las redes criminales que habían sobrevivido a la guerra civil y se habían incrustado en la política, la justicia y los cuerpos de seguridad. Ante esa captura, y por presión de organizaciones civiles guatemaltecas, el propio gobierno aceptó el apoyo de la ONU para investigar y desarticular las redes de corrupción. Así nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una institución con respaldo internacional que no sustituyó a la justicia local, sino que trabajó con fiscales y policías del país para fortalecerlos.
Ese era el punto central del experimento: no pretender que se hiciera justicia desde fuera, sino crear mecanismos para que se pudiera trabajar en coordinación con las autoridades locales. Los funcionarios de la CICIG tuvieron facultades legales para investigar junto con la fiscalía local y presentar sus evidencias en los juicios sobre corrupción.
El resultado fue extraordinario. La CICIG ayudó a presentar más de 120 casos, implicó a más de mil 540 personas y contribuyó a más de 400 condenas. Sus investigaciones alcanzaron al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti en el caso de “La Línea”, y tocaron también a otros expresidentes, ministros, jueces, legisladores y empresarios.
No era una comisión ornamental: era una máquina incómoda para las redes de impunidad.
Por eso la historia de la CICIG importa más por su final que por su arranque. Mientras fue útil para limpiar policías, tribunales y ministerios públicos, recibió elogios. Pero cuando comenzó a acercarse demasiado al corazón del poder, la narrativa cambió. El presidente Jimmy Morales, investigado por financiamiento electoral ilícito, pasó de beneficiarse del clima anticorrupción a ser un objetivo. Entonces la comisión fue acusada de excederse, de violar la soberanía y de politizar la justicia. En 2019 terminó expulsada. No porque hubiera fracasado, sino porque había empezado a funcionar demasiado bien.
Ese antecedente ayuda a leer mejor lo que hoy ocurre en México con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Su decisión de activar por primera vez el artículo 34 respecto de México no es una sentencia penal ni una invasión extranjera. El propio Comité plantea llevar el caso a la Asamblea General para que se consideren medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación, además de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proteger a las familias buscadoras en un país con más de 132 mil desaparecidos. También subraya que este procedimiento debe reforzar, no debilitar, la cooperación con el Estado. México rechazó el informe y, de paso, la ayuda.
Responder con agravios diplomáticos y ataques contra las organizaciones que documentan las fallas del Estado puede servir para la coyuntura, pero no para encontrar a los desaparecidos.
Guatemala dejó una lección dura. Cuando los gobiernos aceptan cooperación internacional, suele ser porque la situación los obliga, pero cuando la rechazan con furia, a menudo es porque esa cooperación se acerca demasiado a las zonas donde la impunidad deja de ser abstracción y adquiere nombre y apellido. No toda ayuda externa resuelve una tragedia. Pero cuando hasta la ayuda estorba, conviene preguntarse por qué.