La semana pasada, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió llevar la situación de México a la Asamblea General de la ONU. La decisión es extraordinaria y retrata el tamaño del desastre: el Comité encontró indicios bien fundados de que en el país las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada o sistemática, con una gravedad que puede alcanzar el umbral de los crímenes de lesa humanidad. México llegó a ese punto después de años de acumulación, de omisiones y de expedientes rotos, con más de 132 mil personas todavía en el registro oficial de desaparecidas y no localizadas y una crisis forense que no deja de crecer.
La reacción del Gobierno fue la esperable. La Cancillería rechazó el pronunciamiento, lo calificó de sesgado y defendió los avances institucionales de los últimos años. También endureció el tono y sostuvo que el Estado mexicano no está rebasado. Ningún gobierno quiere aceptar una discusión de este tipo, pero las desapariciones son un problema de fondo. En México, las desapariciones eran parte de la violencia política del país, hoy esa violencia política se mezcla con la violencia del crimen organizado, ya con un patrón que frecuentemente combina la complicidad de autoridades locales, estatales y federales.
Ahí están Ayotzinapa, San Fernando, Allende, Teuchitlán. Ahí están también las madres buscadoras convertidas en detectives, los colectivos haciendo trabajo forense, las fosas clandestinas multiplicándose como sarampión y las autoridades llegando tarde. Pero eso no es todo, hoy es difícil negar que hay funcionarios que participaron, protegieron, encubrieron o simplemente dejaron pasar y hacer. Alcaldes, policías municipales, ministerios públicos, gobernadores, secretarios. Abarca, García Luna, Bermúdez Requena, tantos otros que muestran que la compenetración del crimen organizado con el poder es sistemática.
Por eso el debate no puede agotarse en si la redacción del Comité fue excesiva o si la responsabilidad recae sólo en tal o cual administración. El problema mexicano es más profundo y más antiguo. No hace falta una doctrina oficial para advertir la responsabilidad del Estado cuando durante más de dos décadas desaparecen personas en esta escala, la impunidad sigue siendo la regla y las familias terminan buscando solas. El Estado falla cuando desaparece, cuando encubre, cuando tolera y también cuando es incapaz de impedir que el crimen capture a sus autoridades. Ésa es una realidad transexenal y actual.
El momento es incomodísimo. A unos meses del Mundial, la crisis de desapariciones empezó a asomarse ya a los grandes escaparates públicos, como ocurrió en la reinauguración del Estadio Azteca. México ha hecho de la memoria histórica una bandera política, ofreció disculpas por el 2 de octubre y por los abusos a los pueblos originarios. Tal vez por eso ha llegado la hora de aplicar ese mismo estándar ahora mismo: reconocer que en este tema el Estado mexicano no sólo tiene una deuda con las víctimas, sino también una responsabilidad que ya no cabe seguir administrando.