Los políticos, de cualquier parte del espectro ideológico, creen tener el derecho de disponer de la propiedad de los demás como crean más conveniente, y de que es justo que, en términos porcentuales, pague más quien más tiene. Ni los políticos tienen ese derecho, ni es justo que pague más quien más tiene.
Los políticos tienen el poder, ¡no el derecho!, de disponer, de entrada por el cobro de impuestos y de salida por las expropiaciones, de las propiedades de los demás como crean más conveniente, y el único impuesto que “se justifica” es el impuesto único (ni uno más), universal (sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), no expoliatorio (para financiar únicamente las legítimas tareas del gobierno, prohibir y evitar la violación de derechos y castigar y obligar a resarcir a quien los viole), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no al ingreso, no a las propiedades, no a la compra de factores de la producción). Un impuesto especial a las grandes fortunas es su antítesis.
La primera amenaza que enfrentamos en México los contribuyentes es la total y absoluta discrecionalidad del gobierno a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasa y a quién. Basta que el Poder Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que se nos obligue a entregarle al gobierno una mayor parte de nuestro ingreso (dicho sea de paso: todos los impuestos se pagan con el ingreso de alguien; cualquier impuesto grava, directa o indirectamente, el ingreso).
Lo anterior quiere decir que en México el derecho de propiedad privada sobre el ingreso, sobre el producto del trabajo, no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de derecho. Lo dicho por la Presidenta, “si además hay que poner un impuesto especial a las grandes fortunas, es algo que en todo caso se debe analizar en nuestro país”, lo demuestra.
Detrás de la intención de cobrar más impuestos está el propósito de aumentar el gasto gubernamental, y detrás de ese incremento está la creencia de que, un mayor gasto del gobierno, se traducirá en un mayor bienestar de las personas, que depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponen, bienestar que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo (mayor gasto del gobierno).
Hay quienes creen que el precio que hay que pagar para convivir civilizadamente son los impuestos (el precio de la civilización, lo llaman), lo cual no es cierto. El verdadero precio que hay que pagar para convivir civilizadamente es respetar los derechos de los demás: no matar, no secuestrar, no robar, cumplir los contratos. El verdadero precio es la práctica de la justicia, virtud por la cual respetamos los derechos.
Si ya se está hablando de un impuesto especial a las grandes fortunas, ¿cuándo se empezará a hablar del impuesto a las herencias?