Si usted ya se divorció, podría volver a empezar el juicio y, además, podrían cobrarle recargos por una pensión que, en un nuevo proceso, determinen que fue injusta, imponiéndole una superior; así, tendría que pagar la diferencia y recargos.
Si ya ganó en un litigio una pensión del IMSS o del ISSSTE, se la podrían quitar.
Si ganó un pleito laboral después de años de litigio, podría reabrirse.
› Greer, en la Terminal 2
Si ya resolvió un conflicto legal y pensó que todo había terminado, podría no ser así.
Así de grave.
Hoy en México, lo que usted creía definitivo puede dejar de serlo, porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está discutiendo la posibilidad de abrir la puerta a algo peligrosísimo: la nulidad de juicios concluidos. Es decir, permitir que un juicio que ya terminó, que ya fue resuelto por un juez y que causó estado, pueda anularse y volver a empezar desde cero.
Esto no es un tecnicismo jurídico. Es un golpe directo a uno de los pilares más importantes del Estado de derecho: la certeza jurídica. Ese principio básico que garantiza que, cuando un juez ya resolvió un caso y la sentencia quedó firme, el asunto se acabó. Que no va a regresar años después a pelear lo mismo. Que no va a vivir en un litigio eterno. A eso se le llama cosa juzgada. Y hoy, ese principio está en riesgo.
Lo que se está planteando es permitir que una sentencia firme pueda ser cuestionada y anulada, incluso, después de haber sido ejecutada. No estamos hablando de recursos legales ordinarios, ni de apelaciones, ni de amparos.
Todos esos mecanismos existen, precisamente, para corregir errores antes de que una resolución quede firme. Aquí estamos hablando de algo completamente distinto: de reabrir casos cerrados, de volver al inicio de un proceso que ya concluyó.
ACCIONES DE NULIDAD
Y eso cambia absolutamente todo, porque el impacto no es sólo jurídico, es real, cotidiano, tangible. Imagine a una persona que pasó años en un juicio laboral, peleando por una indemnización, por un despido injustificado, por derechos básicos. Finalmente gana, después de años de desgaste emocional y económico. Recibe su compensación, cierra el capítulo… y, de pronto, ese juicio puede volver a abrirse y tendría que regresar lo que se le pagó.
Imagine a alguien que logró obtener su pensión del IMSS o del ISSSTE después de una batalla legal larga, muchas veces compleja, donde tuvo que demostrar derechos, antigüedad y condiciones laborales. Esa pensión que hoy le permite vivir, que es su sustento, podría ponerse en duda otra vez.
O piense en un divorcio. Un proceso donde ya se resolvieron bienes, custodia y pensión alimenticia. Donde las partes ya reorganizaron su vida. Y, años después, ese caso podría regresar a tribunales.
Este debate no es abstracto ni aislado. Tiene nombre y casos concretos, como los relacionados con empresas como Fimex, donde lo que está en juego no sólo son millones de pesos, sino el precedente que puede marcar el rumbo de todo el sistema judicial. Porque si la Corte avala esta posibilidad, el mensaje es contundente: en México nada es definitivo. Y eso genera una incertidumbre brutal.
La certeza jurídica es la base de cualquier sistema funcional. Es lo que permite que las personas tomen decisiones. Es lo que da confianza a quienes invierten, a quienes trabajan, a quienes firman contratos. Si esa certeza desaparece, lo que queda es un terreno completamente inestable.
Imagínese lo que esto significa para la inversión en el país. Para una empresa que apuesta su capital, que genera empleos, que entra a un litigio y gana conforme a la ley. Si esa resolución puede cambiar años después, entonces no hay garantía de nada.
Quienes defienden esta figura argumentan que puede haber casos donde hubo irregularidades graves, fraudes o violaciones al debido proceso. Y sí, esos casos existen. Pero el sistema legal ya contempla cómo atenderlos. Existen recursos, apelaciones, revisiones y amparos. Todo eso ocurre antes de que una sentencia quede firme.
Lo que no está diseñado, ni debería estarlo, es para que años después alguien pueda regresar y decir: “Todo esto no vale, empezamos de nuevo”.
Esto abre la puerta a que, quien perdió un juicio, intente reabrirlo. A que una empresa busque revertir una condena. A que se cuestionen pensiones ya otorgadas. A que decisiones judiciales se conviertan en algo provisional, en lugar de definitivo.
Y también abre la puerta a algo aún más peligroso: la presión, la negociación y el uso de la justicia como herramienta. Porque en un sistema donde nada es definitivo, todo puede negociarse.
El problema no es sólo el caso Fimex. El problema es el precedente, porque si la Corte permite la nulidad de juicios concluidos, otros la van a usar. No será un caso aislado, será el inicio de una nueva etapa donde los litigios nunca terminan. Si esto pasa, no habrá certeza jurídica para nadie. Imagínese que un caso que cerró hace años pueda reabrirse.
Lo cierto es que la justicia necesita algo fundamental: un final donde las partes saben que ya no hay vuelta atrás, donde la ley se cumple y se respeta.
De pasar esto, cualquier persona que acudió a tribunales tendrá una incertidumbre permanente, y ganarán los juicios, sobre todo, aquellos que puedan seguir pagando una defensa para siempre.
La cosa juzgada no es un concepto técnico reservado a abogados. Es la base de la confianza en la ley. Es lo que permite que las personas vivan con la seguridad de que sus derechos están protegidos y sus conflictos resueltos.
Romper ese principio es romper la estabilidad jurídica del país. Y cuando se rompe la estabilidad jurídica, se rompe algo mucho más profundo: la confianza.
Si una sentencia firme puede cambiar, entonces nadie tiene garantizado nada.
Hoy el debate sigue abierto. No es un tema cerrado. Pero lo que está en juego es enorme.
Porque si la Suprema Corte valida la acción de nulidad de juicio concluido, México entraría en una zona de incertidumbre jurídica permanente.
