Rodrigo Duterte Roa fue presidente de Filipinas entre 2016 y 2022. En aquellos años, su nombre figuraba con frecuencia en la lista de nuevos autócratas de la ola antiliberal más reciente. Con el apoyo de China y Rusia, Duterte llevó adelante un programa de gobierno populista, que le dio un amplio respaldo electoral, pero que claramente seguía pautas autoritarias en temas de seguridad nacional.
Antes que Nayib Bukele en El Salvador, Duterte hizo de la seguridad y, específicamente, del combate al crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, el tema central de sus políticas públicas. El blindaje internacional de China y Rusia y su alta popularidad lo llevaron desatar una guerra contra el narcotráfico, que rápidamente desbordó el ataque a los cárteles y alcanzó diversas zonas de la sociedad civil y política filipina, sin excluir, desde luego, al campo opositor.
Entre otras medidas, Duterte restableció la pena de muerte por ahorcamiento, que aplicó de manera indiscriminada. Más 1,500 ejecuciones extrajudiciales se reportaron durante su presidencia, y familiares de las víctimas presentaron denuncias que se remontaban al periodo en que Duterte fue el alcalde de Dávao. Los escuadrones de la muerte, que operaron impunemente durante su presidencia, se habían estrenado durante los años de la alcaldía.
En días recientes, La Corte Penal Internacional de La Haya, creada en 2002, luego de la firma del Estatuto de Roma, acaba de anunciar un proceso judicial contra Duterte por crímenes de lesa humanidad durante la guerra contra las drogas, encabezada por su gobierno en Filipinas. Se imputan al expresidente 79 ejecuciones extrajudiciales, que no encontrarían justificación jurídica de acuerdo con los cargos contra el narcotráfico que alegaba su gobierno.
Duterte está preso en Manila desde 2025, cuando fue detenido tras un viaje de regreso de Hong Kong. El gobierno de Ferdinand Marcos Jr., que sucedió a Duterte, colaboró con la detención a través de la Policía Nacional. Pero Filipinas, oficialmente, no reconoce el Estatuto de Roma desde que el propio Duterte le retirara su respaldo a la Corte Penal Internacional.
Está por verse si la Corte de La Haya logra que Duterte se presente en el juicio. Esa instancia fundamental del derecho internacional, que nunca logró ser reconocida por grandes potencias como China, vive horas de renovado cuestionamiento a nivel global por el avance de las nuevas derechas. Estados Unidos, que firmó el Estatuto de Roma en 2000, nunca lo ratificó, a pesar de los esfuerzos de Barack Obama en su momento.
Rusia, al igual que Estados Unidos, firmó inicialmente el Estatuto de Roma, pero se retiró de la Corte Penal Internacional en 2016, luego de la anexión de Crimea. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, donde cuentan con poder de veto, China y Rusia han obstruido consistentemente las labores de la CPI en los últimos años. Donald Trump, por su parte, ha sancionado a miembros de la Corte de La Haya por la acusación contra Israel de genocidio en Gaza, promovida por Sudáfrica.
El caso contra Duterte será una nueva prueba para la Corte de La Haya, en un mundo que gira con fuerza en contra del derecho internacional, de la paz mundial y de la solución negociada y pacífica de conflictos regionales o globales. Ese entorno internacional adverso no sólo es conveniente para la reproducción de autocracias, como la de Duterte, sino para la impunidad de las guerras y las represiones.
El caso de la CPI contra Duterte será también un precedente fundamental para el procesamiento de crímenes de lesa humanidad, específicamente, en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Varios gobiernos de la región, como el mexicano, el colombiano, el ecuatoriano, los caribeños y los centroamericanos, deberán seguir de cerca este proceso y extraer lecciones para sus propias campañas contra la violencia y el terror de los cárteles de la droga.