Mientras en los altos niveles de la llamada Cuarta Transformación se rasgan las vestiduras por la supuesta violación a la soberanía nacional atribuida al gobierno de Chihuahua por presunta intervención de agentes extranjeros en acciones para destruir narco laboratorios, entre sus filas se esconden a prominentes políticos implicados en acciones de contrabando, lo mismo drogas hacia los Estados Unidos que armas para grupos criminales que operan en México.
Esta irregular situación quedó en evidencia por denuncias de autoridades de los Estados Unidos, que pidieron la extradición de ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados a organizaciones criminales que, en el vecino país están clasificadas como terroristas. Los diez encabezados por el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, que demanda el gobierno de Estados Unidos les sea entregado para procesarlo por varios delitos, que lo llevaría purgar penas de cárcel de por vida.
La relación de inculpados, que varía entre 9 y más de 20, la encabeza el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, quien está bajo sospecha desde antes de llegar a su elevado cargo. Las denuncias en su contra se cimentaron desde su nominación como candidato a gobernador por Morena. Ese proceso tuvo como delegado del partido oficial al ahora también gobernador, pero de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a su vez ligado también a organizaciones criminales, sobre todo dedicadas al huachicol.
El respaldo de esas fuerzas criminales a los candidatos de Morena, no sólo de Rocha Moya, se hizo evidente porque el día de las elecciones, 6 de junio de 2021, gatilleros de los cárteles secuestraron a operadores y simpatizantes de los partidos de oposición, para asegurar una votación favorable al partido oficial.
Resultado: Rubén Rocha Moya ganó el gobierno estatal con más del 55 por ciento de los votos y Morena, en alianza con el partido local PAS y con el PVEM conquistó 15 de 18 presidencias municipales y el total de las diputaciones estatales de mayoría (24), a los que se suman 6 de representación proporcional, mientras los diez restantes se dividieron entre los partidos de oposición.
Alejandro Moreno Cárdenas, denuncia también la existencia de un presunto pacto entre integrantes del gobierno de Morena y el crimen organizado, lo que ha derivado en un clima de impunidad y violencia en distintas regiones del país.
El político campechano sostiene que autoridades de Estados Unidos han presentado imputaciones formales contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por vínculos con organizaciones criminales, lo que, dijo, confirma que hay un narcoestado, aunque lo nieguen loa políticos de Morena.
Moreno Cárdenas afirmó que la situación de seguridad es crítica y advirtió que más del 70 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo control del crimen organizado. Añadió que en Sinaloa se registran más de 3 mil personas asesinadas y más de 3 mil desaparecidas, cifras que reflejan la gravedad del problema.
Asimismo, acusó la intervención del crimen organizado en procesos electorales, en particular en Sinaloa, donde se configuró una “narcoelección” mediante actos de intimidación, violencia y secuestro de operadores políticos.
El PRI ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y ha acudido a instancias internacionales para exigir investigaciones, ante la falta de avances en el ámbito nacional.
Finalmente, sostuvo que su partido impulsará acciones legales para solicitar la pérdida de registro de Morena, al considerar que existen elementos graves que comprometen su actuación, y subrayó que la soberanía debe traducirse en seguridad, justicia y paz para las y los mexicanos.
+++
El sistema financiero en México es rápido para fiscalizar, pero inútil para protegerte. Si recibes un depósito por más de 15 mil pesos, el SAT se entera de inmediato. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigila cada movimiento sospechoso y la Unidad de Inteligencia Financiera puede congelar tus cuentas sin permiso de un juez. Ah, pero si te roban, engañan o hackean, estás solo. No persiguen el fraude de oficio. La denuncia ante el Ministerio Público es un laberinto burocrático, más aún para miles de personas que no manejan una computadora, calvario que se reproduce.
ubaldodiazmartin@hotmail.com.mx