México 2026 es una olla en donde hierven coyunturas y conflictos de todo tipo.
Cuando el Estado se mira al espejo, a su lado aparece la negociación del T-MEC, las acusaciones por complicidad con el narco, la injerencia de agencias de inteligencia de Estados Unidos en territorio nacional, el desgaste del campo mexicano, las demandas del magisterio, la violencia del crimen organizado, el narcotráfico, la falta de inversión, la desaceleración de la economía, la corrupción en la función pública y la erosión de la educación. Cuando el Gobierno se voltea a atender esas coyunturas, en el espejo se mantiene un tema doloroso como pocos: el de los desaparecidos.
Meses después del informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a poner el dedo en la llaga. Su informe sobre desapariciones en México concluye que en México las desapariciones ocurren sin que el Estado busque a tiempo, investigue bien o castigue a los perpetradores. Son más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas y más de 70 mil cuerpos sin identificar.
El documento de la CIDH recorre más de dos décadas de desapariciones y concluye que el fenómeno es generalizado. No se limita a una región. La mayoría de los casos involucra a hombres, pero entre niñas, niños y adolescentes aparecen patrones distintos y una afectación particular para niñas y adolescentes. También están migrantes, periodistas, defensores, transportistas, mujeres víctimas de trata y jóvenes reclutados por el crimen organizado. El resultado son familias heridas que han terminado convertidas en buscadoras ante la ausencia de autoridades capaces de reaccionar a tiempo.
El informe tiene un acierto político. Dada la experiencia con la ONU, procura reconocer avances normativos e institucionales desde 2018, sobre todo en materia de búsqueda. No obstante, no es complaciente y sostiene que esos avances no alcanzan para enfrentar la magnitud de la crisis. México tiene leyes, comisiones, registros, protocolos y fiscalías, pero sigue teniendo familias buscando en terrenos baldíos, cuerpos acumulados sin nombre en instalaciones forenses, en el mejor de los casos, y una impunidad que roza el cien por ciento. La crisis, señala, no sólo está en la incapacidad del Estado para impedir desapariciones, sino también en su incapacidad para reaccionar ante ellas, investigarlas e identificar a las víctimas.
La CIDH emitió 40 recomendaciones. En general tienen una lógica central: proteger a quienes buscan, activar de inmediato protocolos para niñas y mujeres desaparecidas, mejorar registros de migrantes, ordenar los mecanismos estatales de atención, fortalecer fiscalías especializadas y reconstruir la confianza con las familias. Frente a ese diagnóstico se asoma una ausencia honda: ¿dónde está la CNDH?
A diferencia de lo que ocurrió con el Comité de Naciones Unidas, frente a la CIDH la postura del Gobierno mexicano fue de cooperación. Los subsecretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores acudieron a la presentación, hablaron de apertura, reconocieron la magnitud de la crisis y ofrecieron seguir trabajando con el organismo. Esa presencia importa porque puso al Gobierno frente a las víctimas. Pero también mostró la distancia que existe entre el lenguaje institucional y la experiencia de las familias. Para los colectivos, el problema no es que no se sepa qué es lo que ocurre o que no se sepa qué hay que hacer, sino que se haga.
El riesgo para el actual gobierno es administrar la crisis como si fuera un problema de narrativa, cuando es una crisis jurídica, judicial, política, de seguridad, forense y social. La discusión sobre si todos los casos son desaparición forzada, si el Estado participa directamente o si muchas desapariciones son cometidas por grupos criminales importa jurídicamente. Pero para las familias esa discusión no sustituye la búsqueda, ni alivia el dolor. El Estado puede no haber ordenado una desaparición y, aún así, ser responsable por no prevenir, no investigar, no identificar, no proteger y no sancionar.
Lo que sigue debería ser práctico. México no necesita otro informe para saber que la crisis existe, necesita más ayuda, más apoyo internacional, más capacidades y más presupuesto. Necesita que se deje de reaccionar al escrutinio internacional y se empiece a responder a las familias. Un buen inicio sería replantear la función de la CNDH dentro de esta coyuntura, dado que ha estado desaparecida de la foto y el espejo ya por mucho tiempo.
