No se puede minimizar la entrega de los exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa a las autoridades de EU, no se pueden soslayar las repercusiones que tendrá la decisión.
Desde que la 4T llegó al poder en 2018, todo asunto que le afecte lo pasa por alto ante la opinión pública o lo minimiza. La respuesta invariablemente pasa por el pasado, lo cual permite por un lado distraer la atención, y por otro se convierte de nuevo en el eje de todos nuestros males.
La entrega de los dos exfuncionarios es importante. No queda claro en qué pueda concluir, pero en función de las acusaciones y de la decisión de los personajes, quiere decir que de fondo tienen la suficiente información como para poder buscar una salida personal que les permita negociar.
La Presidenta mantiene una narrativa que poco ha cambiado respecto a Sinaloa. Ha tratado de cuidar a los suyos particularmente al gobernador con licencia. Sus motivos tendrá, pero también deberá saber que Rocha Moya muy probablemente sea una de las grandes líneas de investigación de la narcopolítica más representativas y acabadas.
Sigue sorprendiendo que se asegure que el gobierno no tiene indicios de alguna relación con la delincuencia organizada. En los últimos días se han empezado a tomar decisiones que parecieran van cambiando la narrativa.
La UIF ha informado sobre medidas preventivas de inmovilización a personas políticamente expuestas de Sinaloa. Así lo dijo Hacienda en un documento, lo cual no es otra cosa que congelar las cuentas después de que han pasado más de 15 días de la petición de la justicia estadounidense de detener, con fines de extradición, a los 10 involucrados, encabezados por Rocha.
No se aprecia razón alguna para tomar tan tardíamente una decisión que le permitió a los involucrados a moverse con libertad en materia económica. Estaban señalados y el gobierno en lugar de tomar medidas precautorias ante la petición del departamento de justicia de EU, optó por una narrativa que al paso de los días terminó por ser en defensa de los diez, más que un acto de cooperación como lo marca la relación bilateral.
Esto no quiere decir que se tomaran medidas sin antes llevar un proceso de investigación sobre el caso. Sin embargo, todo se movió como en cámara lenta y apenas ahora están empezando a tomar medidas, lo que incluye la UIF y desde hace algunos días a la FGR.
La gobernabilidad lleva a tomar decisiones no necesariamente favorables, pero si algo se tiene que hacer es respetar los acuerdos internacionales y, sobre todo, investigar cuando surgen indicios sobre irregularidades en la gobernabilidad. El principal problema que tenemos desde hace años es la relación del narcotráfico con la política.
El Gobierno no puede decirse sorprendido por un hecho manifiesto en la sociedad. Las evidencias nos acompañan en la cotidianidad. Es importante que el Gobierno haya cambiado la estrategia de abrazos, no balazos. La prueba de ello es la gran cantidad de delincuentes de altos vuelos que han sido detenidos.
Es de enorme relevancia, el caso de Rubén Oseguera El Mencho, a pesar de que haya muchos cuestionamientos sobre cómo se llevó a cabo el operativo, a la fecha no hemos visto el video de lo sucedido.
Este caso y otros van dirigidos a los delincuentes. La relación de éstos con la política es en lo que el Gobierno no ha profundizado. Hay casos muy obvios como el de Tequila, pero también hay muchos otros a los cuales el Gobierno no ha querido entrarle.
Con realizar investigaciones sobre ello e informar a la opinión pública se daría un gran paso, y muy probablemente se hubieran evitado momentos de la situación tan incómoda, para decir lo menos, que se vive con EU.
RESQUICIOS.
Morena tiene el gran reto de seleccionar a sus candidatas y candidatos para el 2027. El narco ha permeado en muchos municipios. Existe la idea fundada de que en algunos estados existe una convivencia morenista con los cárteles, por grandes o pequeños que sean.
Y vendrá un rey…
