En las democracias liberales, las reglas electorales son la piedra fundacional en la organización del Estado. Dan certeza a todos los competidores por el poder y a la sociedad en su conjunto para que, a través de elecciones libres, se puedan erigir gobiernos y congresos.
Desafortunadamente, en el caso mexicano ahora hay que agregar a todo el Poder Judicial, una anomalía que no tiene paralelo en ningún país democrático contemporáneo.
Dentro de pocos días vence el plazo para hacer cualquier modificación a las leyes a aplicarse en la elección de 2027. Tras la frustración del régimen por la pírrica reforma constitucional conseguida —debido a la resistencia de sus partidos satélite—, en los últimos días se presentaron una serie de iniciativas que pretenden, literalmente en el último minuto y sobre las rodillas, realizar cambios desesperados en las reglas de la contienda.
• Andy, con camino libre
Veamos algunos de los aspectos más relevantes de estas iniciativas al vapor que podrían ser aprobadas en los próximos días. Por lo que se refiere a la elección judicial, dado que no debería existir, lo único bueno es la decisión de que no coincida con la elección intermedia de 2027 y se posponga a 2028. Sin embargo, se mantiene intacto el problema de empatar las elecciones de los tres poderes a partir de las elecciones de 2030 y en adelante. La iniciativa no resuelve el problema de los acordeones. Una vez más, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral obtendrían una nueva ampliación de mandato.
Dejando a un lado el tema de la elección judicial, se plantea la creación de una comisión de verificación para revisar la integridad de las candidaturas, en la que participarían consejerías del INE y otras dependencias del gobierno federal —o formalmente autónomas, pero bajo su control político— para determinar la idoneidad de candidaturas en términos de vínculos con crimen organizado u otro tipo de actividades ilegales. La manera en que se plantea su labor es desconcertante por ineficaz, pues al final se deja a los partidos en libertad de hacer caso o no a lo que determine la comisión. Hace una semana, en este mismo espacio, afirmé que, si es necesaria una reforma no tanto electoral, sino de Estado, ésta debería atender el problema de la violencia política y blindar a las elecciones de la intervención del crimen organizado. Lo que se propone dista enormemente de conseguirlo.
Más delirante aún es la propuesta de anular elecciones por “injerencia extranjera”. Tal vaguedad implica que, con enorme discrecionalidad, se puedan boicotear candidaturas opositoras que se perciban como competitivas o, incluso, anular sus triunfos, apelando a una indebida “intromisión del extranjero” —lo que sea que eso signifique—, lo cual será decidido en última instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya capturado políticamente por el régimen.
Finalmente, meter por el drenaje lo que no pudo entrar por la puerta: llevar la revocación de mandato —ya se sabe que para el régimen es una simulación facciosa de ratificación— a una jornada electoral, para que quien sea titular del Ejecutivo aparezca en la boleta e influya en la contienda.
Así, el régimen presenta un abanico de ocurrencias que, además de ser en su gran mayoría regresivas y concentradoras de poder, en nada ayudan a atender con seriedad y eficacia los graves problemas que deben corregirse ni a que los actores políticos —empezando por el partido en el poder— asuman sus responsabilidades.
2027 Y 2030
