Si algo distingue al actual Gobierno frente al anterior es una flexibilidad que a veces parece deliberada y otras, obligada.
Eso podría leerse como virtud democrática: escuchar y corregir. Pero también que el poder ya no alcanza para imponerlo todo.
Durante años, la transformación impulsada por Morena consistió en una avalancha de reformas aprobadas al ritmo de la distancia entre Palacio Nacional y el Congreso. Hubo excepciones: reformas electorales que sus aliados frenaron, resistencia magisterial frente al ISSSTE y límites antinepotismo.
• Que Almanza no se entregó
Poder decir que “no” es democrático. Pero en el contexto de Morena también exhibe una delgadez de poder. El Gobierno intenta presentarlo como pluralidad y democracia; sus adversarios lo leen como debilidad; sus aliados lo usan como margen de negociación. En medio queda una administración que quiere ordenar el país, atraer inversión y construir desarrollo, pero depende de una cúpula más preocupada por conservar el poder que por corregir sus distorsiones.
Ésa es la paradoja central. A México no parece gobernarlo solamente la izquierda desarrollista, la que habla de Estado innovador, inversión estratégica, digitalización y simplificación. También lo gobierna una élite formada en la izquierda partidista que hizo de la conquista del poder su mayor causa y de su permanencia una prioridad. En esa tensión, purgar al neoliberalismo y asegurar la continuidad del movimiento justificaron reglas inéditas. El resultado ha sido un terreno infértil para la inversión y fértil para la incertidumbre.
Las visiones encontradas producen reformas que se quedan en la orilla. Mientras el Gobierno anuncia ventanillas únicas, trámites digitales, rutas expeditas, incentivos fiscales y menor severidad tributaria, el inversionista y el banco que lo financia observan otro país: uno donde las reglas cambian en fast track, donde el Poder Judicial fue rediseñado desde la lógica del Ejecutivo y donde los árbitros pueden quedar condicionados.
Ésa es la lectura de lo que ocurre con la reforma judicial y la reforma electoral. En ambos casos hay un reconocimiento implícito: algo se descompuso. La elección de juzgadores generó dudas sobre independencia, capacidad técnica, campañas, financiamiento y captura política. Las elecciones han llevado al poder a presidentes municipales, congresistas y hasta gobernadores presuntamente relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, en un contexto donde los políticos estadounidenses se llenan la boca diciendo que a México lo gobierna el narco.
La reforma judicial es el ejemplo más claro. Aplazar calendarios, simplificar boletas, regresar a un esquema de secciones puede ordenar algo que ha funcionado mal. Sin embargo, los cambios no tocan el corazón del problema: la politización de la justicia. Mientras la selección de jueces, magistrados y ministros dependa de partidos, estructuras territoriales, dinero y popularidad, la confianza seguirá dañada. Peor aún, extender mandatos o permitir reelecciones de magistrados electorales manda una señal contradictoria: se quiere ordenar el sistema, pero se preservan controles sobre una institución que debería ser árbitro y no botín.
Algo parecido ocurre con la reforma electoral que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad. Ningún Estado puede ser ingenuo frente al financiamiento externo, la desinformación, la Inteligencia Artificial, la presión diplomática o la intervención política directa. México tiene ejemplos internacionales y preocupaciones fundadas para proteger su soberanía electoral, pero esa preocupación no se atiende anulando elecciones sino emprendiendo acciones preventivas que impidan una disrupción como anular una elección.
Ahí está el fondo. El Gobierno reconoce que México necesita certidumbre, pero no está dispuesto a pagar el costo político de construirla. Quiere inversión, legitimidad, gobernabilidad para 2027 y control sobre riesgos externos e internos, pero no quiere renunciar ni un centímetro a su permanencia en el Gobierno.
Por eso las reformas se sienten tímidas. No porque sean menores, sino porque se quedan a la mitad entre reconocer el problema y resolverlo. Tocan la temperatura del agua y señalan que algo está mal, pero no se meten a resolverlo. No desmontan ni corrigen la percepción de captura del poder judicial, no blindan al árbitro electoral, no generan predictibilidad.
La incertidumbre jurídica y el temor político nacen de la sospecha de que las leyes pueden cambiar cada vez que el poder lo necesite. Esa sospecha debería corregirse, no regresando al pasado neoliberal, sino generando un auténtico Estado de derecho y no un nuevo Estado creado a conveniencia de los que gobiernan y no los gobernados. Para eso no basta con asomarse al agua, hay que tomar aire y sumergirse.
El ataque ruso a Rumanía
