Un tema que tendrá que atender con prontitud el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que dirige el almirante Juan José Padilla Olmos, es la inconformidad creciente de pequeñas empresas permisionarias de taxis que denuncian una severa afectación a sus operaciones tras la instalación de nuevas casetas para la venta de boletos dentro de la terminal aérea.
La controversia ya escaló al punto de que una de las compañías afectadas analiza emprender acciones legales al considerar que las condiciones actuales generan una competencia desigual y podrían terminar por expulsar del mercado a algunos prestadores del servicio.
La problemática surgió luego de que durante mayo fueran instalados nuevos módulos de venta en áreas de alta afluencia de pasajeros, principalmente en las zonas de reclamo de equipaje de vuelos nacionales y en las inmediaciones de salidas internacionales de las Terminales 1 y 2. Aunque la medida forma parte de una reorganización de espacios comerciales dentro del aeropuerto, empresas afectadas sostienen que el diseño, tamaño y ubicación de las estructuras están provocando un impacto negativo en su capacidad para comercializar servicios.
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Los módulos cuentan con dimensiones aproximadas de un metro cuadrado, una condición que, según los permisionarios inconformes, dificulta la identificación de cada empresa por parte de los usuarios. Los pasajeros que llegan al aeropuerto suelen dirigirse al primer punto de venta que encuentran disponible, bajo la percepción de que todas las opciones ofrecen exactamente el mismo servicio, situación que estaría beneficiando a algunos operadores y perjudicando a otros.
El problema no se limita únicamente a la visibilidad comercial. Las empresas señalan que el espacio disponible resulta insuficiente para desarrollar una operación eficiente. En muchos casos, únicamente puede permanecer una persona atendiendo el módulo, lo que genera dificultades para responder a la demanda en horarios de mayor movimiento y limita la capacidad de atención a los usuarios.
Además, la falta de espacio impide contar con personal de apoyo o relevos. Cuando una trabajadora o trabajador necesita ausentarse momentáneamente, incluso para realizar actividades básicas, la operación se interrumpe debido a que los equipos deben ser desconectados y, posteriormente, reinstalados. Esta situación, afirman, impacta directamente en la calidad del servicio y en la posibilidad de concretar ventas.
Las empresas también advierten que las condiciones laborales dentro de los nuevos módulos resultan particularmente complicadas para ciertos trabajadores debido a las reducidas dimensiones de los espacios, lo que ha generado cuestionamientos sobre la funcionalidad y viabilidad operativa de las instalaciones.
La preocupación principal, sin embargo, está en los números. De acuerdo con los permisionarios afectados, la caída en las ventas ha sido inmediata y significativa desde la entrada en operación de las nuevas casetas. Algunas compañías aseguran que actualmente apenas alcanzan una fracción de los ingresos que obtenían anteriormente, una situación que compromete la rentabilidad de sus operaciones y la permanencia de sus fuentes de empleo.
El caso de la empresa CasaDey es uno de los que ha encendido las alertas dentro del sector. Sus representantes sostienen que la redistribución de espacios está provocando una pérdida acelerada de participación de mercado y consideran que, de mantenerse las condiciones actuales, la empresa podría enfrentar serias dificultades para sostener su presencia dentro del aeropuerto en los próximos meses. La inconformidad se ha fortalecido por la percepción de que algunos grupos empresariales habrían resultado favorecidos con la nueva distribución de módulos, mientras que otros quedaron en posiciones menos competitivas. Esta situación ha generado un ambiente de tensión entre los distintos participantes del servicio de transporte terrestre autorizado dentro de la terminal aérea.
Fuentes cercanas al caso señalan que una de las rutas que ya se evalúa es la presentación de recursos legales para solicitar una revisión de las medidas implementadas. Entre los argumentos que podrían plantearse se encuentran posibles afectaciones a principios de libre competencia económica, así como la necesidad de garantizar igualdad de condiciones para todos los permisionarios autorizados.
La preocupación no es menor si se considera que el servicio de taxis concesionados ha enfrentado cambios importantes en los últimos años. La creciente presencia de plataformas de movilidad y la evolución de las preferencias de los usuarios han incrementado la competencia por cada pasajero que arriba al aeropuerto. En este contexto, cualquier modificación en la distribución de espacios comerciales puede tener efectos directos sobre la viabilidad de los distintos operadores.
Por ello, los permisionarios afectados consideran indispensable que las autoridades del AICM revisen el esquema actual y establezcan condiciones que permitan una competencia equilibrada entre todos los participantes. La petición incluye espacios funcionales, condiciones adecuadas de operación y una distribución que no genere ventajas desproporcionadas para determinados grupos.
De no encontrarse una solución en el corto plazo, advierten, algunas empresas podrían enfrentar un deterioro financiero progresivo que terminaría por reducir la oferta de prestadores de servicio dentro del principal aeropuerto del país. Más allá de la disputa comercial, el tema abre un debate sobre la necesidad de garantizar condiciones equitativas para todos los concesionarios que operan en una de las terminales aéreas más importantes de América Latina.
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