La primera vuelta de los comicios presidenciales en Colombia fue un éxito. En una elección competida, polarizada y bajo condiciones complejas de seguridad, las mesas se instalaron, la ciudadanía acudió a votar y los resultados preliminares estuvieron disponibles en unas tres horas. La participación fue alta: casi 24 millones de personas, cerca de 58% del censo electoral, la mayor cifra registrada en una elección presidencial colombiana.
No obstante, el final de la jornada se vio opacado por los cuestionamientos de nada menos que el presidente de la República.
Al renunciar a su papel de jefe de Estado, Petro se asumió como líder partidista y jefe de campaña. Podría haber optado, inclusive, por señalar que el proceso seguía en curso, exigir que se mantuviera la transparencia en el conteo oficial o hasta hacer un llamado a la prudencia de los actores. Pero optó por sembrar, sin pruebas convincentes, la sospecha de que el resultado preliminar era ilegítimo.
• El que suda agua bendita
Hasta ahora, las supuestas pruebas han sido débiles en el mejor de los casos. Petro ha hablado de cambios en el censo, modificaciones informáticas y mesas con votaciones atípicas. Sin embargo, esas afirmaciones contrastan con los reportes de observación electoral. La Unión Europea sostuvo que la elección fue transparente y sin irregularidades relevantes; la OEA y la MOE tampoco encontraron indicios de fraude, y el Centro Carter emitió una declaración preliminar en la que reconoció a las autoridades electorales colombianas por una elección presidencial bien organizada y pacífica, además de llamar al respeto del proceso mientras se finalizan los resultados.
Este episodio no puede entenderse de forma aislada. Forma parte de un fenómeno preocupante que se ha acrecentado en el continente. Recordemos algunos ejemplos: Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, Donald Trump en Estados Unidos en 2020 y Jair Bolsonaro en Brasil en 2022 utilizaron narrativas de fraude para erosionar la legitimidad de resultados adversos. Precisamente por ello conviene distinguir entre la posibilidad de utilizar los mecanismos del sistema para impugnar irregularidades frente a convertir la derrota en conspiración. En el caso mexicano, recientemente se dio una vuelta adicional a la tuerca del complot, incluyendo ahora supuestas injerencias extranjeras como pretexto para desconocer los resultados de la voluntad popular.
Los golpes a las instituciones electorales tienen consecuencias. Según el PNUD, con base en Latinobarómetro, la confianza en las autoridades electorales de América Latina cayó de 47% en 2016 a 34% en 2024, mientras aumentó el porcentaje de personas que cree que las elecciones en su país son fraudulentas. En ese contexto, las palabras presidenciales no son inocuas. Atacar sin sustento al árbitro electoral debilita la confianza pública en la posibilidad de resolver pacíficamente la competencia por el poder. Lo más grave es que Colombia apenas va a segunda vuelta. Las democracias no sólo dependen de contar bien los votos. También dependen de que quienes pierden —y quienes gobiernan— acepten que la voluntad popular no siempre les favorece.
Las y los suspirantes
