Más allá de proteger a los suyos, lo cual le es particularmente relevante sin importar de qué se les acuse, una de las razones por las cuales la Presidenta no quiere extraditar a Rocha Moya y a siete de sus exfuncionarios a EU, tiene que ver con las elecciones del 2027.
Si de por sí ha ido creciendo la idea fundada de que en algunas zonas del país existe un nexo entre los narcos y Morena, la extradición colocaría un estigma difícil de superar en las elecciones.
Es cierto que la mayoría de las encuestas colocan al oficialismo con una posibilidad real de ganar un buen número de las 17 elecciones para gobernador que están en juego. Sin embargo, si trascienden las acusaciones el Gobierno estaría bajo una tesitura difícil de sortear.
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Hasta ahora, la Presidenta ha logrado con el “pruebas, pruebas, pruebas” y la “defensa de la soberanía” capear las acusaciones y el escándalo. Ha logrado que se hable lo menos posible de Sinaloa y de otros estados en que se ha mencionado la relación entre el narco y el oficialismo.
A pesar de ello llegará el momento límite. Las elecciones en EU y lo que se va a perfilando electoralmente en México, van a terminar por ser un factor de definición de lo que puede pasar en uno y otro país. A esto se van a sumar las secuelas que trae el caso, y a lo que se tiene también que considerar pudiera pasar con otros personajes de la política, particularmente del oficialismo, presuntamente relacionados con el narco.
Muchas de las decisiones que está tomando la Presidenta van enfiladas hacia 2027. Una de las maneras de interpretar la propuesta sobre la regulación en materia de telecomunicaciones abre una vertiente a interpretar que no se va a permitir el pensamiento que sea abiertamente crítico a su gobierno.
Se van creando condiciones para que en algún sentido se unifiquen opiniones a partir del peso que ha ido adquiriendo la Presidenta. A estas alturas de su administración, es muy probable que tenga mayor fuerza y capacidad de maniobra que la que tuvo López Obrador a lo largo de todo su sexenio.
Claudia Sheinbaum tiene muy claro lo que puede significar extraditar a Rubén Rocha Moya. El efecto es expansivo, pero al mismo tiempo está corriendo el riesgo de que eventualmente lleguen pruebas contundentes que el Gobierno mexicano se haya negado a investigar en función de los antecedentes del personaje.
Las elecciones del 2027 son por mucho un gran reto para la Presidenta. Lo primero que tiene que enfrentar son las divisiones internas por algunas batallas encarnizadas por las candidaturas. Algunos gobernadores en el poder quieren meter mano porque, entre otras preocupaciones, traen en sus espaldas la “herencia” que están dejando.
A pesar de que eventualmente ganará el oficialismo, en algunos estados va a ser difícil que se puedan pasar por alto los muchos cuestionamientos que existen en torno a las gestiones de las y los gobernantes.
Para la 4T, con la Presidenta como su eje, es fundamental ganar el 2027, porque significaría conservar el poder para consolidar sus objetivos. No alcanzarlo los coloca ante riesgos serios hacia el 2030.
Rocha Moya es una pieza de enorme importancia para la relación México-EU. No perdamos de vista que la justicia estadounidense, acorde a sus reglas, presentó información suficiente ante un gran jurado en NY para acusar al gobernador con licencia y nueve funcionarios más. Que en México se vean las cosas de otra manera no significa que no haya sido una decisión estructurada y fundamentada.
Las elecciones en EU y en México pasan por lo que termine sucediendo en las investigaciones sobre el narcotráfico y los políticos mexicanos; no hay de otra.
RESQUICIOS.
Hay una reducción de delitos en el país. Sin embargo, no queda del todo claro el escenario en el que estamos, porque a la par de esta reducción crece el número de personas desaparecidas, a lo que se suma que no es clara la información del Gobierno en esta terrible materia.
Otra frontera amenazada
