La CNTE tiene derecho a protestar lo que quiera, eso no está a discusión. La libertad de expresión y de manifestación en México son derechos constitucionales, protegidos aun cuando resulten incómodos para el Gobierno.
Lo que es intolerable es cuando una protesta deja de ser una exigencia social o laboral y se convierte en una cadena de afectaciones masivas, daños y violencia.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación esta semana volvió a paralizar zonas clave de la Ciudad de México con sus plantones, marchas y bloqueos.
Sus demandas no son nuevas: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso a un esquema de pensiones solidarias, incremento salarial, eliminación de la Usicamm y cambios en el sistema de ingreso y promoción docente.
Los negociadores por parte del Gobierno federal han probado ser ineficaces, eso tampoco está a discusión, pero al menos se ha ofrecido una ruta de trabajo, que la CNTE considera —y siempre considerará— insuficiente. Nada nuevo tampoco.
El problema es lo que ocurre en las calles.
Eso de tomar dos postes de luz que esperaban ser colocados y convertirlos en arietes de batalla, derribar las vallas metálicas instaladas en una sede de la SEP e irrumpir en la misma usando la violencia como bandera.
Dejar vidrios rotos, accesos forzados, mobiliario dañado, pintas, incendios, destrucción, desorden y caos. Eso ya no es una manifestación de maestros, es violencia de salvajes y debiera ser castigada, porque castigados quedamos millones de capitalinos por días. Eso es un delito.
Ese ciclo de protestas de los “maestros” incluyó bloqueos en vialidades principales y daños a figuras instaladas en alegoría a la próxima celebración del Mundial de futbol que comenzará en días.
Toda exigencia magisterial puede ser legítima; el vandalismo, no. Y menos si proviene de dirigentes o grupos que dicen representar a quienes forman a niñas, niños y jóvenes en México.
Es lamentable que su causa laboral termine asociada a puertas golpeadas, cristales reventados y mobiliario destruido, inexplicable viniendo del magisterio que debería tener alguna autoridad moral precisamente porque educa.
La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México estimó pérdidas acumuladas por más de 405 millones de pesos debido a los plantones y bloqueos de la CNTE.
355.7 millones en pérdidas por el plantón instalado desde el 25 de mayo y 49.7 millones adicionales por la marcha y bloqueos del 1 de junio.
No son sólo números, detrás hay trabajadores, pequeños comercios, restaurantes, repartidores, personas que viven al día y miles de ciudadanos que perdieron horas de traslado a sus espacios de trabajo y a sus hogares en una capital ya de por sí caótica entre reparaciones que avanzan a marchas forzadas.
Si miramos lo acontecido desde el punto de vista legal, los hechos registrados encuadran en daño a la propiedad, lesiones si se acredita y posibles infracciones por obstrucción de vías o espacio público.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México prevé como infracción impedir o estorbar el uso de la vía pública o la libertad de tránsito cuando no exista causa justificada o cuando la obstrucción no sea un medio razonable de manifestación.
Una protesta que afecta el tránsito no es delito, un bloqueo no merece criminalización. Pero romper instalaciones públicas, provocar incendios, agredir y poner en riesgo a personas, no puede normalizarse como parte del repertorio de manifestación de una organización sindical o cualquier otro grupo, mucho menos en el contexto del México actual que sobrevive ya a tantas formas de violencia.
La CNTE puede exigir mejores pensiones, condiciones laborales y diálogo directo con la Presidenta. Pero su causa justa pierde fuerza cuando quienes la impulsan afectan de semejante forma a ciudadanos que no son responsables de sus reclamos.
Ya sabemos cuánta atención necesita la educación en México, pero cuando quienes dicen defenderla protagonizan escenas de semejante violencia, tal contradicción resulta imperdonable.
Quienes están pagando la factura más alta de esta forma de presión del magisterio al Gobierno, son miles de personas que todos los días también salen a buscar cómo mejorar su calidad de vida y desarrollo.
La protesta social debe incomodar al poder, no castigar a la ciudadanía; debe visibilizar un problema, no fabricar otros; debe defender derechos, no pisotear los de terceros.
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